INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

Aduanas mixtas entre Panamá y Costa Rica

Las autoridades de los países definieron normas y recomendaciones para lograr un trabajo conjunto en las fronteras de Paso Canoas y Guabito-Sixaola.
El modelo que aplicarán ambos países se trata de una integración física de los controles en esquemas de doble cabecera, especializadas para carga y pasajeros, en la modalidad de país de entrada El modelo que aplicarán ambos países se trata de una integración física de los controles en esquemas de doble cabecera, especializadas para carga y pasajeros, en la modalidad de país de entrada
El modelo que aplicarán ambos países se trata de una integración física de los controles en esquemas de doble cabecera, especializadas para carga y pasajeros, en la modalidad de país de entrada

Agosto cierra con un acuerdo alentador en las aspiraciones de concretar una Unión Aduanera Centroamericana: las autoridades aduaneras de Panamá y Costa Rica concretaron las recomendaciones, diseños y lógica de procedimientos de los Centros de Control Integrados (CCI), que se pretenden construir en las fronteras de Paso Canoas y Guabito-Sixaola.

En la reunión-taller que se celebró entre el 20 y 21 de agosto en David, Chiriquí, se acordó aplicar el modelo de CCI que va en línea con lo que ha sido reconocido y encomendado por los Consejos de Ministros de Comercio (Comieco), Ministros de Finanzas (Cosefin) y los Ministros de Transporte (Comitran).

Estos avances en las comunicaciones bilaterales se dan en medio del proceso de iniciación de la Unión Aduanera Centroamericana, respaldado por el Sistema de Integración Centroamericana (Sica) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Guatemala y Honduras ya firmaron en diciembre de 2014 un acuerdo que dio inicio a las etapas de su implementación simultánea.

DOS PAÍSES, UN ESPACIO

El modelo que aplicarán Panamá y Costa Rica se trata de una integración física de los controles en esquemas de doble cabecera, especializadas para carga y pasajeros, en la modalidad de país de entrada/país sede. Esta implica que en cada una de las entidades de ambos países, los funcionarios deberán ejecutar los controles simultáneamente y en el mismo espacio.

Con respecto a las normas presupuestarias, establece instalaciones conjuntas y división de costos, sobre todo para definir el área donde se van a desarrollar los CCI. También define las bases jurídicas para que los funcionarios de ambos países ejerzan medidas de aplicación de la ley, como multas, decomisos o arrestos en el territorio del otro país, dentro de los límites de la oficina aduanera conjunta.

Como parte de las recomendaciones técnicas, resta precisar los parámetros de intercambio de información para la aplicación de la gestión de riesgos migratorios, aduaneros, sanitarios y de seguridad.

Además, ambos países deberán fomentar el uso del Programa de Operado Económico Autorizado (OEA).

Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y el BID acordaron un Programa de Modernización de Pasos Fronterizos, valorado en $60 millones.

En este programa también participan la Unidad Coordinadora para Centroamérica (Ucca) y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Fronterizo Panamá–Costa Rica, que facilitarán la coordinación con las autoridades de Costa Rica para concretar las acciones fronterizas.

El programa identifica tres componentes vitales: infraestructura y equipamiento; procesos y sistemas de control y mejoramiento urbano; y desarrollo territorial de los puntos de Paso Canoas, Guabito y Río Sereno.

El MEF señaló en su momento que se está gestionando que el BID aporte $50 millones para el proyecto, y los $10 millones restantes surgirán de una partida del Gobierno panameño.

En 2014, el comercio bilateral entre Panamá y Costa Rica fue por $549 millones, un 4.9% menos que el año anterior, cuando fue por $577.3 millones. De un año a otro, las exportaciones panameñas aumentaron su valor en un 8%, pasando de $50 millones a $54 millones. El año pasado, Panamá importó productos costarricenses por $495 millones, $32 millones menos (-6.1%) que los $527.3 millones de 2013, según cifras de la Contraloría General de la República.

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