TRANSPARENCIA

Antai pide diseño de carretera

La petición aparece en una carta enviada al titular de Obras Públicas, Ramón Arosemena, tras una denuncia ciudadana presentada por los residentes de Villalobos.

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La orden de proceder para la ampliación y rehabilitación de la carretera Pedregal-Gonzalillo-Transístmica se entregó el 1 de enero de 2016. La orden de proceder para la ampliación y rehabilitación de la carretera Pedregal-Gonzalillo-Transístmica se entregó el 1 de enero de 2016.
La orden de proceder para la ampliación y rehabilitación de la carretera Pedregal-Gonzalillo-Transístmica se entregó el 1 de enero de 2016. Archivo

Los cambios y reformas que se le hicieron al diseño conceptual de la ampliación de la carretera Pedregal-Gonzalillo-Transítmica han sido solicitados al detalle por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La petición aparece en una carta con fecha del 1 de junio de 2017, firmada por la directora de Antai, Angélica Maytín, y enviada al titular de Obras Públicas, Ramón Arosemena, luego de que esta entidad recibió una denuncia ciudadana del Comité Pro-rescate de la Vía Panamá Norte, que preside María Baruco.

La denuncia está relacionada a las posibles irregularidades en las alteraciones del diseño original relacionado a la modernización y ensanche de la carretera Pedregal-Gonzalillo-Transístmica, que desarrolla la constructora Meco, tras participar en una licitación convocada por el MOP.

El comité advierte que el nuevo diseño del MOP, contradictoriamente, establece una red de servidumbre que no tiene justificación ni fines colectivos y más bien es “un vericueto absurdo que compromete al Estado en una polémica innecesaria que pudiera quedar tipificada como falsedad ideológica”.

El diseño final de esta ampliación vial, elaborado por Meco, que se adjudicó el contrato por $96.9 millones, fue aprobado por el MOP y debe ser incluido en la primera adenda que se le hará a este contrato.

Entre algunas de las modificaciones al concepto inicial que aparecía en el pliego de condiciones de la licitación, se propone desviar el tráfico vehicular hacia la carretera de Villalobos, mientras que el diseño inicial se proponía enviarlo por la vía Manuel Zárate. Según el MOP, este proyecto le cambiará la vida a los residentes del lugar y el diseño final fue el resultado de los estudios de tráfico que se hicieron. A nivel de anteproyecto, la descarga de vehículos se proponía hacia la vía Zárate, pero los estudios indicaron que el tráfico se debe dirigirse hacia la de Villalobos, que en los próximos años también se debe ampliar.

Los vecinos de Villalobos indican que la carretera de ese poblado, que solo tiene un carril en cada sentido, se convertiría en un embudo y no soportaría la cantidad de vehículos que llegarían con la ampliación de la vía, que vendrá desde la Transístmica y que representa un desvío para el tráfico vehicular.

Muchos transportistas que vienen de la Zona Libre de Colón utilizan esa vía para acortar camino hacia Pedregal y cuando esté concluida la ampliación, será mayor el tráfico, advirtió un residente del lugar que prefirió la reserva de su nombre.

Advertencias legales

En la nota enviada al ministro Arosemena se manifiesta que ante las supuestas irregularidades administrativas que aparecen en la denuncia, la Antai es del criterio que las mismas podrían resultar contrarias al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en el gobierno central y posiblemente violatorio al título X del Código Penal.

La Antai, creada mediante Ley 33 del 25 de abril de 2013, en su artículo 6, número 24, se encuentra facultada para atender reclamos, quejas y situaciones que afecten la transparencia. Además, está llamada a promover ante la institución respectiva que se subsanen las condiciones que impidan a las personas el pleno ejercicio de sus derechos.

Entre otros artículos de la ley que regula a la Antai, Maytín menciona el número 10, que se refiere a examinar de oficio, por denuncia pública o anónima, la gestión administrativa en las dependencias del gobierno central, instituciones autónomas o semiautónomas, municipios, juntas comunales y locales, empresas públicas y mixtas, a efecto de identificar la comisión de hechos que pueden ser considerados actos de corrupción.

Entre estos se mencionan sobreprecios en compras y provisión de bienes o servicios, duplicidad de funciones, exceso de procesos burocráticos y otras conductas, no restringidas a las antes mencionadas que afecten la buena marcha del servicio público y causen erogaciones innecesarias al erario público y si fuera el caso, tendrá la obligación de poner dichos hechos en conocimiento de la autoridad competente.

“En el presente caso nos compete fiscalizar la posible transgresión al principio de transparencia en las contrataciones que efectúan las entidades del gobierno central”, señala Maytín.

Este diario contactó al ministro Arosemena para conocer su posición frente a este tema, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

El tema también se podría analizar en la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional. El diputado del Partido Panameñista José Antonio Domínguez informó que el presidente de la comisión quedó en que los iba a convocar hace dos semanas, y nada.

“Solo estoy esperando que nos convoquen para plantear este y otros asuntos que requieren de nuestra atención”, añadió Domínguez.

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