Nicaragua

Aprueban plan hidroeléctrico

Actualmente, la mitad de la energía que consume Nicaragua es de fuentes térmicas generada con derivados del petróleo.
El Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil concedió a Nicaragua $342 millones para construir Tumarín. El Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil concedió a Nicaragua $342 millones para construir Tumarín.
El Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil concedió a Nicaragua $342 millones para construir Tumarín.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó ayer de forma unánime un paquete de reformas de ley que permitirá a un consorcio brasileño iniciar las obras del proyecto hidroeléctrico Tumarín, cuyo costo es de un mil 100 millones de dólares y generará 253 megavatios.

Los diputados de Nicaragua votaron favorablemente las reformas a la Ley especial para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Tumarín, que será construido y administrado por Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), subsidiaria en el país centroamericano de la estatal brasileña Eletrobras y el conglomerado Queiroz Galvo.

Nicaragua espera que la aprobación de estas reformas sirva de revulsivo para que la construcción de Tumarín arranque en 2015, tras cinco años de retraso.

Entre las reformas más destacadas está la que CHN deberá construir la represa en 48 meses (cuatro años) y no en 59 meses (casi cinco años), como estaba previsto inicialmente.

A su vez, CHN vio extender su licencia de explotación de 30 a 39 años, según esta nueva legislación.

De acuerdo con la ley reformada, CHN recibirá pagos equivalentes en dólares, aún no definidos, por la entrega de mil 184 gigavatios por hora por año (gwh/año) durante los primeros once años, y a partir del año 12 cobrará por la generación real entregada.

El embalse que construirá CHN tendrá 41 kilómetros cuadrados y estará ubicado en el municipio La Cruz de Río Grande, 470 kilómetros al noreste de Managua, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).

Tumarín generará cinco mil empleos durante su etapa de construcción y representará el 21% de la demanda nacional cuando inicie operaciones en 2019, según el Gobierno.

Estas reformas cerraron un proceso de negociación de más de cuatro años en los que llegaron a participar directamente los presidentes de ambas naciones.

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