presupuesto general del estado

Asamblea solo discutirá los dos artículos vetados

El Ejecutivo no ve probable, por el momento, que haya que extender el presupuesto de 2018. Además del presupuesto, el MEF buscará votos de la Asamblea para penalizar la evasión fiscal.

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Trabajar con el presupuesto de 2018 el próximo año representaría retos para el Gobierno en términos de flujo de gastos, según el economista Carlos Araúz. Román Dibulet Trabajar con el presupuesto de 2018 el próximo año representaría retos para el Gobierno en términos de flujo de gastos, según el economista Carlos Araúz. Román Dibulet
Trabajar con el presupuesto de 2018 el próximo año representaría retos para el Gobierno en términos de flujo de gastos, según el economista Carlos Araúz. Román Dibulet

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confía en que la Asamblea Nacional apruebe los cambios contenidos en el veto presidencial en las sesiones extraordinarias para poder trabajar con el nuevo presupuesto el próximo ejercicio y por el momento no ve probable que se tenga que utilizar el próximo año el presupuesto de 2018.

El martes, el Consejo de Gabinete objetó parcialmente el proyecto de ley 659, que dicta el presupuesto general del Estado para 2019. En concreto, los artículos 344 y 338, que fueron modificados en el segundo debate, permitirían a las asociaciones deportivas evitar la Ley de Contrataciones Públicas y otorgan la posibilidad de que puedan manejar fondos estatales acogiéndose únicamente a sus estatus internos.

El Ejecutivo, en consecuencia, remitió el proyecto de ley a la Asamblea para su discusión en las sesiones extraordinarias.

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo a este diario que solamente se discutirán estos dos artículos vetados y esperó que “la Asamblea analice y apruebe los cambios contenidos en el veto, ambos modificándose al sentir original propuesto por el Ejecutivo en las normas presupuestarias que fueron remitidas a la Asamblea”.

El otro escenario es que la Asamblea apruebe por insistencia el proyecto según fue avalado en tercer debate, es decir, con los “camarones” legislativos. El Ejecutivo tendría opción de llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia y mientras esta resuelve habría que utilizar el presupuesto de 2018 para el próximo ejercicio.

Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que desde el 1 de noviembre solicitó el veto parcial a la ley, dijo “que ahora toca estar pendiente de las sesiones extraordinarias para procurar que la Asamblea haga los ajustes necesarios para cumplir con la Ley de Contrataciones Públicas y evitar cualquier evasión de controles en el uso de fondos públicos de cualquier institución, incluida la Asamblea”.

Para el economista Carlos Araúz, “el veto parcial era lo sensato y se imponía”. No obstante, también advierte que “crea un ruido político innecesario, considerando que la planificación y ejecución del presupuesto de la nación es fundamental para la reactivación económica. El Estado y su capacidad de pago de obligaciones es pilar esencial, pero pareciera que intereses algo mezquinos de una clase política desgastada pesan más que el bienestar de un país y su gente”.

Sobre la conveniencia de trabajar con un presupuesto desfasado, el analista señaló que “presentará desafíos importantes en el uso de flujos, gastos y transferencias de partidas necesarias para cumplir a tiempo en medio de burocracia rampante”.

Las diferencias sobre el proyecto de ley del presupuesto general del Estado tensan aún más la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, controlado por los opositores Cambio Democrático y Partido Revolucionario Democrático.

Mientras, en las sesiones extraordinarias el Ejecutivo buscará también los votos de los diputados para proyectos de ley de carácter económico, como la penalización de la evasión fiscal, que se debate con la presión adicional de una eventual inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El Legislativo podría no aprobar la ley que penaliza la evasión fiscal debido a la pugna que tiene con el Ejecutivo por el presupuesto. De ser así, se pondrían en peligro varias cosas en el país.

Como bien recordó ayer el superintendente de bancos, Ricardo Fernández, la aprobación de la penalización de la evasión fiscal surge de una recomendación del GAFI, y no atenderla podría provocar la inclusión del país en la lista gris del organismo internacional. Si esto último sucede, se vería afectada Panamá, la inversión extranjera, el grado de inversión, los pilares económicos y la reputación del país.

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