PROYECTO DE LEY

Asociaciones público privadas tendrán límites

Distintos sectores presentaron ayer su posición sobre el proyecto de ley en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

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La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, que preside la diputada Cenobia Vargas, discutió en primer debate el proyecto de Ley que crea el régimen de APP. Roberto González La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, que preside la diputada Cenobia Vargas, discutió en primer debate el proyecto de Ley que crea el régimen de APP. Roberto González
La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, que preside la diputada Cenobia Vargas, discutió en primer debate el proyecto de Ley que crea el régimen de APP. Roberto González

El proyecto de Ley que crea el régimen de Asociación Público Privada (APP) contempla una serie de límites tanto en el monto de los proyectos a ejecutar como en el impacto que tendrán en el presupuesto general del Estado.

Según el texto, que fue aprobado ayer en primer debate en la Asamblea Nacional, solamente se podrán ejecutar bajo esta figura proyectos con un monto superior a $15 millones.

José Ramón Icaza, representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, señaló durante el debate que ese monto podría limitar la ejecución de muchos proyectos, por ejemplo aquéllos gestionados por los municipios del país, que habitualmente son de menor cuantía. “No vemos necesidad de poner un límite”, aseguró Icaza.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, dijo que la introducción del límite de $15 millones se hace para que en un primer momento no haya una atomización de proyectos que sobrepase la capacidad institucional para analizarlos y darles seguimiento.

El objetivo de la ley es crear un marco legal que ampare inversiones privadas en proyectos de interés público, permitiendo que los fondos del presupuesto se destinen a inversiones de carácter social.

Aunque ya existen proyectos en Panamá que son asociaciones público privadas, como el desarrollo de Panamá Pacífico, la intención del Ejecutivo es crear una estructura legal que establezca unas reglas claras y atraiga más inversión.

Podrán utilizar este mecanismo las entidades del sector público no financiero, los municipios y las sociedades en las que el Estado sea propietario de al menos el 51% del capital. Quedan excluidos la Autoridad del Canal de Panamá, los servicios de seguridad pública, salud, educación, así como entidades públicas financieras y los supervisores de banca y valores. En el primer debate celebrado ayer se excluyó la actividad minera de este tipo de contratación.

Las APP se me materializarán a través de un contrato a largo plazo entre una entidad pública y una empresa para el desarrollo de un proyecto, su operación y mantenimiento. El contratista, que deberá garantizar ciertos niveles de servicio, será encargado de financiar el proyecto mientras que la entidad pública y los usuarios finales efectuarían pagos por la inversión realizada.

El uso de esta figura no será ilimitado, ya que la suma de los compromisos adquiridos bajo esta modalidad por una entidad no deberá ser superior al 30% de la inversión proyectada en cinco años ni al 30% de la inversión realizada el año anterior. Tampoco se podrá autorizar la contratación de nuevos proyectos cuando el valor acumulado de todos los compromisos firmes y contingentes asumidos por el sector público no financiero supere el 7% del producto interno bruto (PIB).

Más allá de las peticiones de flexibilizar de alguna manera el límite de $15 millones, los gremios empresariales representados en el debate se manifestaron a favor de la aprobación de esta iniciativa. Iván de Icaza, expresidente de la Cámara Panameña de la Construcción, dijo que se trata de un modelo ganar-ganar para el Estado, para la empresa y para la ciudadanía.

Por el contrario, Eduardo Gil, representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, se mostró en contra de la iniciativa, pidió que se analizaran los beneficios y riesgos de proyectos de este tipo en Panamá y en otros países y los cuestionó porque, a su juicio, son una forma de privatizar servicios públicos.

Al respecto, Sabonge dijo que “el proyecto no contempla la privatización de las obras que se construyan por el Estado, sino que su objetivo es incentivar la inversión”.

En las modificaciones aprobadas ayer en el primer debate, las cuales al cierre de esta edición no estaban disponibles en la web de la Asamblea Nacional, se incorporó la inhabilitación para participar en licitaciones a empresas condenadas por actos de corrupción o que hayan llegado a un acuerdo de colaboración y confesado la comisión de este delito. Así, se equipara este proyecto de ley a la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas, otra iniciativa del Gobierno.

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