CONSEJO DE GABINETE APRUEBA FONDOS

Banapiña iniciaría en diciembre

La filial de Del Monte invertirá $100 millones en un plazo de siete años en un proyecto bananero en Barú que generará 3 mil empleos directos.

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El Consejo de Gabinete aprobó el desembolso de $13 millones 275 mil, para la suscripción de contratos de arrendamiento con los mil 770 propietarios individuales que aceptarían la propuesta del Estado para que Banapiña de Panamá, filial de la multinacional Del Monte, tome las riendas de la producción bananera en Barú, Chiriquí.

El siguiente paso es remitir los expedientes a la Contraloría General de la República para su debido refrendo y posteriormente al Registro Público para su inscripción.

Hasta el momento, mil 638 propietarios aceptaron la propuesta de arrendamiento de la empresa. El Estado aspira a contar con el resto de las fincas antes del mes de diciembre.

Luego de dos años de negociaciones, entre 2015 y 2017, Banapiña de Panamá se comprometió a invertir como mínimo $100 millones en un lapso no mayor a siete años, en un proyecto que se iniciaría en el mes de diciembre con una primera etapa de 900 hectáreas.

De acuerdo con el contrato-ley entre el Estado y la empresa, aprobado mediante la Ley 28 del 25 de mayo de 2017, a las hectáreas arrendadas al grupo de extrabajadores de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar) se le sumarán 4 mil 34 hectáreas estatales.

Banapiña de Panamá subarrendará al Estado las tierras de los extrabajadores por 20 años -prorrogables por 20 años más- a $7 mil 500 por hectárea. Para las tierras estatales, la empresa accederá a una concesión por 20 años -también con la opción de 20 años más- con un canon de arrendamiento de $187.50 por hectárea por año, lo que equivale a $0.51 por día.

FALTAN 132 FINCAS

Cuando se aprobó el contrato-ley en la Asamblea Nacional, instancia en la que no podía ser modificado, solo revisado, se consideraban los $13 millones 275 mil para arrendar las tierras de mil 770 extrabajadores. Durante la negociación, una minoría se manifestó en contra de la propuesta de arrendamiento de la empresa.

Es decir, que como 132 extrabajadores no han accedido a arrendar su hectárea, existe un excedente de $990 mil de la partida que aprobó el Consejo de Gabinete, según se publicó en Gaceta Oficial el pasado 3 de octubre.

Consultado al respecto, el Ministerio de Presidencia, que fue mediador en las negociaciones entre Del Monte y los productores, explicó vía correo electrónico que “el Estado está agotando todas las vías necesarias para completar los trámites de los arrendamientos faltantes conforme lo establezca la ley”, y que aspira a cerrar este paso en diciembre.

“La empresa ha manifestado la necesidad de iniciar sus operaciones en las fincas de Jobito y Mango [de unas 900 hectáreas en total] en el mes de diciembre del presente año para no perder el verano y consecuentemente el año 2018. Dicho lo anterior, aspiramos a lograr que para el mes de diciembre ejecutemos el subarriendo entre el Estado y Banapiña de Panamá, S.A. sobre las fincas donde la empresa operará para el año 2018”, agregó el ministerio.

De esta manera, el proyecto bananero estaría compuesto por unas 5 mil 804 hectáreas y se prevé que genere unos 3 mil empleos directos y 12 mil indirectos. El plan de la empresa es producir 2 mil 725 cajas por hectárea en la primera etapa.

Teniendo en cuenta que productores consultados han estimado que una caja de banano en el mercado internacional ronda los $32 (este valor contempla costos de producción, mano de obra y transporte, pero no los de embarcación), Banapiña de Panamá generaría $87 mil 200 por cada hectárea que producirá.

El oro verde del distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí Expandir Imagen
El oro verde del distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí

Además, en el contrato-ley se garantiza que el distrito baruense recibirá $312 mil anuales en impuestos municipales.

EXENCIONES

Las exenciones impositivas fueron uno de los temas que atrasaron las negociaciones en sus últimas etapas -junto al canon de arrendamiento de las tierras estatales-, durante el segundo semestre del año 2016. Tanto la empresa como el Ministerio de la Presidencia preveían llegar a un acuerdo a mitad del año pasado.

Finalmente, el Estado concedió la exención del impuesto a la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (Itbms), el cual se negoció en los mismos términos y condiciones, iguales al contrato entre el Estado y Bocas Fruit Co., Ltd., filial de Chiquita Panamá, L.L.C.

La prórroga de esta exoneración a Banapiña de Panamá dependerá de la nueva negociación con Chiquita Panamá, una vez se haya vencido el plazo en 2018.

Asimismo, la filial de la multinacional estadounidense estará exonerada de los tributos que recaigan sobre la importación, uso, consumo o aprovechamiento de combustibles, así como los impuestos a la importación de maquinarias, equipos, repuestos, papel y todos los insumos para el desarrollo de las actividades bananeras, agrícolas y agroindustriales.

Tampoco pagará tributos o gravámenes sobre el capital, incluyendo el impuesto al aviso de operación; inmuebles y sus mejoras; impuesto sobre la renta que la compañía perciba por el desarrollo de sus actividades, entre otros.

EVALUARÁN EIA

El pasado 2 de octubre, un día antes de que el Consejo de Gabinete aprobara los fondos para arrendar las fincas bananeras, la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental del Ministerio de Ambiente (Ambiente) admitió la evaluación del estudio de impacto ambiental (EIA) categoría III del proyecto.

Ambiente admitió la evaluación luego de verificar que el estudio presentado por la empresa cumplió con los mínimos requeridos en el Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 155 del año 2011, que modificó artículos del previamente mencionado, la institución evaluará el EIA y presentará su decisión final en un plazo no mayor a 45 días hábiles. Es decir, que este proceso estaría listo hacia finales del mes de noviembre.

Una vez cumplido este paso, el refrendo de Contraloría y la inscripción de las fincas en el Registro Público, la tierra fértil de Barú volverá a producir su famoso oro verde.

La reactivación del proyecto bananero llega en un momento crucial para la economía de la zona, cuyos cerca de 40 mil habitantes dependen casi exclusivamente de esta actividad, en la que se estima que la tasa de pobreza ronda el 60%.

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