Buscan acuerdo con Airbnb

Pese a los operativos que desarrolla la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para frenar el alquiler de apartamentos con fines turísticos, esta modalidad de negocio se hace cada día más fuerte en el país.

En buscadores de internet especializados en el sector turístico, aparecen ofertas de apartamentos en zonas como San Francisco, Obarrio y avenida Balboa por menos de 50 dólares la noche.

El costo de una habitación en un hotel en la ciudad capital está en un promedio de entre 80 dólares y 100 dólares, precio que ha ido cayendo en los últimos años debido a la sobreoferta de cuartos en la provincia de Panamá.

Estimaciones del sector apuntan a que el 10% de los visitantes que se quedan en la ciudad capital se hospedan en apartamentos particulares que no cuentan con los permisos para esta actividad y que tampoco pagan los impuestos al fisco.

La Ley 80 de 2012 establece que es ilegal el alquiler de apartamentos a turistas por menos de 45 días. Las personas o empresas que se dedican a esta actividad pueden ser multadas con hasta 50 mil dólares.

En los últimos tres años se han abierto más de 60 expedientes contra personas particulares, empresas y administradores de edificios.

Luego de una inspección donde se vio involucrado un grupo de turistas que había arrendado por unas noches un apartamento en la ciudad capital, representantes de la compañía estadounidense Airbnb, que maneja un portafolio de 2 millones de propiedades en 192 países, se reunieron con hoteleros y autoridades para buscar un consenso.

Los empresarios que participaron en la reunión indicaron que en el encuentro se dejó claro que la ley panameña prohíbe el alquiler en la ciudad capital de apartamentos con fines turísticos por menos de 45 días.

Gustavo Him, administrador de la ATP, confirmó el encuentro, pero se negó a dar más detalles del mismo para no afectar las negociaciones con Airbnb.

Entre las propuestas que hizo la ATP a los representantes de Airbnb destaca que solo ofrezcan el alquiler de apartamentos y residencias en el interior del país, donde hay escasez de habitaciones.

La Ley 80 solo prohíbe la actividad en la ciudad capital, pero no hace ninguna mención para el resto del país.

Luego de la reunión, los voceros de Airbnb se comprometieron a entregar en febrero de 2017 una propuesta a las autoridades panameñas y al sector privado para seguir ofreciendo propiedades en Panamá.

“Ni el Gobierno, ni el sector privado, quiere entrar en un conflicto legal con esta empresa, tal como ha ocurrido en otros países, pero sí creemos importante que se sume cualquier esfuerzo de promoción que beneficie al país”, comentó Him.

Con respecto a la proliferación de compañías que operan en Panamá sin contar con los permisos que establece la ley para ofrecer servicios turísticos, el administrador de la ATP indicó que en 2017 aumentarán el número de inspectores.

“Le dimos el tiempo necesario a estas personas para que regularizaran su estatus, en la institución, y las que no lo hayan hecho, serán multadas”, indicó el funcionario.