costa rica

Calculan daño por minería

Entre los daños ambientales se destaca la tala ilegal de árboles de almendro, una especie protegida en la nación centroamericana.
Las reparaciones ambientales deberán ser ejecutadas por la empresa canadiense. Las reparaciones ambientales deberán ser ejecutadas por la empresa canadiense.
Las reparaciones ambientales deberán ser ejecutadas por la empresa canadiense.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica fijó en 6.4 millones de dólares el daño ambiental causado por el proyecto de minería de oro a cielo abierto Las Crucitas, que nunca llegó a operar y que estaba a cargo de la empresa Industrias Infinito, filial de la canadiense Infinito Gold.

Las reparaciones ambientales deberán ser ejecutadas y el dinero pagado de manera solidaria por la empresa, el Estado costarricense y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), determinó la sentencia.

Entre los daños ambientales se destaca la tala ilegal de árboles de almendro, una especie protegida y que es la principal fuente de alimento de la lapa (guacamaya) verde, un ave en peligro de extinción de la que quedan pocas parejas en Costa Rica.

Este caso se remonta a 2010, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo declaró como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera a la empresa, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.

El gobierno del presidente Óscar Arias (2006-2010) declaró el proyecto minero, ubicado en San Carlos (norte), como de interés público y conveniencia nacional.

La Sala I (casación) de la Corte Suprema de Justicia declaró en 2011 sin lugar una serie de apelaciones de la minera, y la Sala Constitucional rechazó otras acciones presentadas por la firma.

La empresa, que esperaba explotar al menos 19.8 toneladas de oro durante los 10 años que preveía la concesión, inició la construcción de la mina pero nunca pudo finalizarla ni extraer oro.

Durante varios años, grupos ambientalistas denunciaron ante los tribunales las irregularidades en el otorgamiento de permisos y los riesgos para el medio ambiente que, a su juicio, suponía el proyecto.

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