transparencia financiera

Centro bancario recupera corresponsalías perdidas

El ingreso de Panamá en la lista gris provocó, entre 2014 y 2016, la cancelación de enlaces con bancos internacionales, necesarios para las operaciones bancarias.

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El nuevo ingreso en la lista gris conllevaría un incremento en el costo del dinero y podría reducir la oferta de crédito, según el regulador. El nuevo ingreso en la lista gris conllevaría un incremento en el costo del dinero y podría reducir la oferta de crédito, según el regulador.
El nuevo ingreso en la lista gris conllevaría un incremento en el costo del dinero y podría reducir la oferta de crédito, según el regulador. Roberto Cisneros - LP

Entre junio de 2014 y febrero de 2016, fechas que marcan el ingreso y la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el centro bancario internacional perdió 74 corresponsalías bancarias.

Desde que Panamá salió de la lista gris, se han recuperado 72 y hay otras 16 en proceso de establecerse, informó la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Por lo tanto, pronto se debería superar el número de corresponsalías existentes, antes de junio de 2014.

Estas relaciones con bancos internacionales son necesarias para efectuar o recibir pagos del extranjero y, en consecuencia, son imprescindibles para tener acceso a líneas de crédito a corto y mediano plazo, para cobranzas, cartas de crédito, compras de moneda y servicios de tesorería, entre otros, explicó el regulador bancario.

La inclusión de Panamá en la lista gris coincidió con una tendencia internacional de mayor aversión al riesgo por parte de los grandes bancos corresponsales estadounidenses y europeos, conocida como de-risking.

“A la fecha todos los bancos de la plaza tienen corresponsal, estas son imprescindibles para efectuar o recibir pagos en o desde el extranjero”.

Superintendencia de Bancos

Sometidos a mayores presiones y costos regulatorios, los bancos optaron por reducir su exposición al riesgo y terminar relaciones con bancos que no generaban un volumen suficiente de negocios como para compensar los costos asociados a la relación.

El fenómeno afectó a todos los mercados emergentes. Panamá no escapó y perdió corresponsalías, pero no se llegó a dar la situación de que un banco perdiera todas sus líneas, “incluso durante el periodo en el que estuvimos en la lista gris del GAFI”, recuerda la Superintendencia.

Riesgo de volver a la lista

La lista gris del GAFI identifica los territorios que tienen debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, pero que han mostrado un compromiso para corregir sus deficiencias.

Panamá salió de la lista gris en 2016, luego de que el organismo evaluara positivamente las reformas legales introducidas -entre ellas una nueva ley de prevención del blanqueo de capitales- para reforzar su posición en la lucha contra estos delitos.

En una evaluación llevada a cabo en 2017, Panamá mejoró ostensiblemente el resultado de 2012 en el nivel de cumplimiento de las 40 recomendaciones técnicas del GAFI para mejorar el sistema de prevención del blanqueo de capitales.

Además del marco legal, la evaluación valora su efectividad. En ese sentido, Panamá ─quedó en un proceso de seguimiento con un monitoreo por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat).

El informe de evaluación mutua de Panamá, fechado en enero de 2018, señala que uno de los principales riesgos que enfrenta el país en materia de ingresos de fondos de origen delictivo es la recepción de activos financieros producto de delitos fiscales cometidos en el exterior.

El organismo constata que en Panamá la defraudación fiscal no se persigue penalmente y no se considera delito precedente de lavado de dinero, “lo que afecta significativamente las posibilidades de prevención e investigación de delitos de lavado de activos a nivel local e impide prestar una adecuada cooperación en los pedidos recibidos del exterior cuyo delito determinante se vincule con el delito fiscal”.

Por eso, el organismo instó al país a que tipifique la categoría de delitos fiscales y se establezcan como precedentes de lavado de dinero.

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó en enero en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley para considerar delito penal la defraudación de más de $300,000 al fisco en un año. Aunque en abril la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales inició el primer debate del proyecto de Ley 591, la iniciativa legal no ha vuelto a ser discutida.

Tanto el exministro Dulcidio De La Guardia como la actual titular de la cartera, Eyda Varela de Chinchilla, han advertido del riesgo de ingresar de nuevo en una lista gris en 2019 si no se aprueba esta norma.

La Red de Control de Crímenes Financiero (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite una alerta que obliga a los bancos a aplicar medidas de diligencia debida ampliada cuando tienen relaciones con entidades del país listado.

Este es uno de los motivos por los que se hace más difícil mantener las relaciones de corresponsales estando en una lista gris.

La Superintendencia de Bancos dijo a este diario que una situación así “conllevaría un incremento en el costo del dinero y las tasas de interés y podría reducir la oferta de crédito, y la actividad comercial se reduciría, por lo que el desempleo se incrementaría”.

Además, a su juicio, repercutiría en la economía del país, afectando la reputación, la inversión extranjera directa, el riesgo crediticio y pilares como el Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón, ya que ambos dependen del sistema de pagos internacional.

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