Comerciantes no ven impacto de tarifa en los precios

Se calcula que la energía eléctrica no incide en más de un 5% o 7% sobre el costo de un producto y en algunos casos es menos del 5%.
Ricardo Sotelo, presidente del SIP. Ricardo Sotelo, presidente del SIP.

Ricardo Sotelo, presidente del SIP.

Carlos G. Fernández, presidente de la CCIAP. Carlos G. Fernández, presidente de la CCIAP.

Carlos G. Fernández, presidente de la CCIAP.

Aunque las autoridades afirman que las tarifas eléctrica que comienzan a regir hoy 1 de julio tendrán una disminución entre 15% y 28% para la industria y los comercios, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) afirma que lo que ocurrirá es que se revertirá el aumento que llevaban cargando todo el primer semestre.

Ricardo Sotelo, presidente del SIP, no precisó si se dará una disminución en el precio de algunos productos de la industria local, pero mencionó que con esta baja de tarifa ciertas empresas tendrán “más radio de acción para poder competir con mayor agresividad y con seguridad algún efecto se dejará sentir en el mercado”.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos anunció que en el segundo semestre de 2015 se mantendrá la tarifa de los clientes que consumen hasta 400 kilovatios hora al mes y los comercios e industrias tendrán una disminución que puede alcanzar hasta un 28%.

Se calcula que en la mayoría de los casos, la energía eléctrica no incide en más de un 5% o 7% sobre el costo de un producto y en algunos casos es menos del 5%.

“Con la eliminación del Fondo de Compensación Energética, los consumidores que más energía demandan (comerciantes e industriales) pagarán una tarifa real del mercado, la cual es menor que la que estuvo vigente en el primer semestre”, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Carlos G. Fernández (CCIAP).

A su juicio, cada comercio e industria deberá evaluar su situación para determinar si la reducción de la tarifa tendría algún impacto en los precios al consumidor.

“Necesitamos trabajar en un plan estratégico en materia energética. Tenemos muchos proyectos importantes atrasados o detenidos, cuyos inversionistas y entidades financieras necesitan que se respete la seguridad jurídica”, manifestó.

Entre ellos mencionó la barcaza de AES Panamá, cuyo contrato fue cancelado por el Gobierno al considerarlo muy oneroso; la concesión de la hidroeléctrica Chan II, que también fue suspendida por esta administración. Además, está la hidroeléctrica de Barro Blanco, que con un avance de 95% en su construcción fue interrumpida y la concesión para una planta a gas de Panama NG Power, que fue cancelada, entre otros.

Fernández añadió que estos proyectos “son vitales para lograr que la brecha entre la oferta y la demanda deje de estar peligrosamente cercana una de la otra y tengamos un sistema energético acorde al desarrollo económico actual”.

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