Ventana Fiscal

Conflictos con agentes de retención

Con la ley 66 del 17 de octubre de 2017 nace la figura de los Agentes de Retención (AR) del impuesto de inmuebles, que han de actuar como tal a partir del 1 de enero de 2019.

Ya han transcurrido alegremente 11 meses desde la promulgación de dicha ley y muchos no se han dado cuenta del gran problema que se les viene encima.

Los obligados a cumplir son los bancos de licencia general, las financieras, las cooperativas y toda entidad que otorgue financiamiento para la adquisición de bienes inmuebles en general o cualquier clase de crédito garantizado con bienes inmuebles.Esos mal llamados “agentes de retención”, pues más bien son agentes cobradores, están obligados a conocer todas las interioridades del impuesto de inmuebles de las fincas sujetas a la retención, empezando con el valor del impuesto según sea su situación tributaria, el inicio o fin de las exoneraciones generales o especiales, los descuentos por pronto pago y un sinfín de otras condiciones que laten dentro de sus normas. Además, tendrán que saber cuáles propiedades están incorporadas al Patrimonio Familiar Tributario o Vivienda Principal, las cuales quedan fuera del sistema de “retención”.

Advierto que la misma ley 66/2017 establece que la Dirección General de Ingresos (DGI) tiene la obligación de reconocer a dichos agentes los “costos en que incurran en los ajustes en sus sistemas contables e informáticos” y “por la administración de este mecanismo de retención”, mediante créditos fiscales aplicables al impuesto sobre la renta directamente (no como gasto deducible de dicho impuesto). Cabe entonces preguntar qué tanto beneficiará esos créditos a las instituciones del Estado, principalmente al Banco Nacional y a la Caja de Ahorros, salvo que el reglamento de la ley en comento se exceda y permita su cesión o transferencia.

Por otro lado, los AR deberán cobrar y luego pagar dentro de los términos o plazos establecidos por ley, lo cual implica que deberán establecer una fecha tope para cobrar a sus deudores para poder cumplir su obligación de pago.

Algo así como cobrar o acreditar cinco días hábiles antes del término o llegar a un arreglo financiero con los deudores, que no siempre son los propietarios de los bienes inmuebles dados en garantía que quedan sujetos a la retención. De lo contrario alguien tendrá que pagar los recargos e intereses por morosidad.

Cápsula fiscal

Para cumplir su nueva obligación, cada AR deberá establecer su propio departamento especializado en asuntos fiscales sin que les importe los costos que ello involucre. O simplemente tendrán que encontrar otra solución centralizando los intereses de todas las partes (DGI, AR y propietarios de bienes inmuebles). Y como siempre, el tiempo y el costo serán los principales elementos a considerar.

El autor es asesor financiero

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