VENTANA FISCAL

Conflictos forestales

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OPINIÓN

Empiezo señalando que los errores cometidos en la Ley 47 de 6 de agosto de 2013, comentados en nuestro artículo anterior del 18 de agosto, fueron corregidos mediante fe de errata con la misma fecha de la ley y la colocaron en la Gaceta Oficial Nº27351-A. Le salvaron la cara y algo más a los responsables.

Sobre el tema de este artículo, agrego que la reforestación ya no baila al son de las necesidades ambientales del país.

Si bien no podemos detener el avance del cemento, que comprime la cobertura boscosa, todos estamos obligados a promover la reforestación por sus múltiples beneficios, tales como los económicos, ambientales, culturales y sociales, por decir los más importantes.

Si el largo plazo de la actividad forestal es parte de problema, que contrasta con la visión de corto plazo de los empresarios, queda entonces incentivar la inversión forestal con beneficios fiscales para mantener las inversiones realizadas, para desarrollar nuevas plantaciones y para incentivar el mantenimiento de los bosques naturales.

Son tres áreas que exigen atención dentro de la política del Estado, tanto o más que el turismo, la industria, el establecimiento de sedes de empresas multinacionales, las zonas francas, etc.

Conviene remontarnos al año 1992, cuando el gobierno de ese entonces, con visión de futuro, promulgó la Ley 24 para otorgar incentivos fiscales a la actividad de reforestación, con resultados positivos a pesar de ser poco conocida. Pero con el tiempo llegaron las reformas fiscales haciendo menos atractiva la inversión y creando un detente peligroso a la actividad. El primer conflicto está en el cambio sufrido en la exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que la Ley 24 de 1992 otorgó a las utilidades “derivadas de la comercialización de productos extraídos de plantaciones forestales, hasta el corte final de la plantación forestal, y cuyo establecimiento se realice dentro de los veinticinco (25) años contados a partir de la vigencia de esta ley”.

Con la modificación de la Ley 6 de 2005, este beneficio fiscal se restringe a las utilidades provenientes del “corte final de la plantación”, norma que no tiene aplicación, por lo menos, a las inversiones realizadas al amparo de la Ley 24/1992.

De lo contrario, estaríamos ante una clara violación a la seguridad jurídica, pues se siembra bajo el paraguas de una norma y luego se cosecha con otra diferente con beneficios disminuidos.

Luego llegó otra controversia en la exoneración del Impuesto de Inmuebles. Por un lado, la ley condiciona la exoneración a que se reforeste más del 75% de la finca, pero la norma reglamentaria ofrece el beneficio con tan solo reforestar el 75% de su área apta para reforestar. Es cierto que priva la ley sobre el reglamento, pero la redacción diferente de este último dio margen a que se hicieran inversiones bajo supuestos equivocados, reforestándose fincas donde no es posible alcanzar ese 75% del área total.

Otro conflicto es el ciclo de 5 años de exoneración del impuesto de inmuebles que se concede a las fincas reforestadas, al margen de que tal ciclo no está en la ley de incentivos a la actividad de reforestación.

Con tal ciclo, proveniente de otra norma anterior sobre incentivos agropecuarios, se pretende vigilar que las fincas conserven la actividad forestal. Un control fiscal al margen de la ley.

Como la actividad de reforestación es a largo plazo, mientras la inversión se mantenga, la exoneración del impuesto de inmuebles debe concederse en forma continuada aun cuando la solicitud se realice vencido el ciclo de 5 años, el hijo de otra ley.

Le compete a la autoridad fiscal confirmar la inexistencia de la reforestación, luego cancelar el beneficio y finalmente aplicar las sanciones que sean pertinentes.

En esta forma nos atenemos a la ley y no gastamos tiempo ni combustible innecesario.

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