VALOR RAZONABLE

Conflictos de interés

OPINIÓN.

En Panamá, en la regulación del sector financiero, los conflictos de interés y el tráfico de influencias son endémicos. Poco puede esperarse que cambie, dada la realidad de debilidad institucional. Normas no faltan. La Ley 38 de 2000 trata los impedimentos en materia administrativa. Existe el delito de tráfico de influencias. El código de ética del funcionario contiene prohibiciones de ser regulador y regulado al mismo tiempo. El servidor público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo.

Tampoco puede asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades fiscalizadas por la entidad en la que laboren. Lo anterior se incumple con demasiada frecuencia y sin consecuencias. Nuestra actualidad se asemeja a lo que sucedía en el siglo XIX en Estados Unidos y que relata John Steele Gordon en The Great Game: The Emergence of Wall Street as a World Power, 1653-2000, al describir cómo un abogado, y a su vez diputado, procedía a introducir legislación financiera y luego desde su despacho pasaba la cuenta por servicios a su cliente interesado en que se pasara la legislación. Todo aquel con experiencia en regulación sobre los conflictos de interés comprende que una norma que sancione la resolución inadecuada de los conflictos de interés, no es suficiente para lograr una solución al problema. Los conflictos de interés muchas veces no son observables por terceros, y menos aún lo es su resolución. (Vicente Lazen y Cristian Eguiluz. Conflictos de interés en servicios financieros: Taxonomía y mecanismos de control regulatorio, 2006). Las consecuencias de que los reguladores no sean independientes se pueden ver en el documental ganador del Oscar Inside Job (2010) sobre la crisis de 2008. En él se aprecia la presión de la industria financiera en los procesos políticos, con el fin de evitar las regulaciones y la conocida “puerta giratoria”, caracterizada por el amiguismo y la colusión entre el sector público y privado. En la nueva ley de valores panameña (67 de 2011), se perdió la oportunidad para regular este tema. Había muchos conflictos de interés. En Panamá, el regulador de valores puede estar conformado por los asesores de los regulados. Se puede regresar al período 1970 a 1999 en el cual, producto de los conflictos de interés, la Comisión Nacional de Valores (CNV) impuso solo 8 sanciones administrativas. Con la nueva CNV, regulador independiente, se impusieron y publicaron, entre 2000-2003, más de 153 sanciones. Ello incomodó a algunos y hoy la CNV es un capítulo honroso -eso sí- de la historia y punto de referencia de lo que debe ser la regulación.

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