Fin del monopolio estatal

Congresos avalan reforma

Con esto se abre el sector energético de México a la iniciativa privada y termina con el monopolio del Estado.

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Detractores han manifestado su desacuerdo con protestas en la calle. El monopolio estatal está vigente desde 1938. REUTERS/Edgard Garrido. Detractores han manifestado su desacuerdo con protestas en la calle. El monopolio estatal está vigente desde 1938. REUTERS/Edgard Garrido.
Detractores han manifestado su desacuerdo con protestas en la calle. El monopolio estatal está vigente desde 1938. REUTERS/Edgard Garrido.

La reforma energética aprobada la semana pasada por el Congreso mexicano sumó ayer el aval de 17 poderes legislativos de los 32 Estados del país, lo que permitirá su entrada en vigor.

Con los votos de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde (PVEM), el Congreso de San Luis Potosí aprobó esta madrugada la iniciativa en medio de protestas de simpatizantes del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Por tratarse de una reforma a la Constitución, que permite la participación del capital privado en la explotación de hidrocarburos, el proyecto de ley debía ser ratificado por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

Ahora, la Comisión Permanente del Congreso, que sustituye al Parlamento en período de receso, deberá en los próximos días declarar constitucional la iniciativa para que entre en vigor.

La iniciativa fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y el Senado en medio de una fuerte polarización política del país y una intensa campaña de la izquierda para exigir que los recursos energéticos permanezcan en poder del Estado.

El proyecto, que había sido anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto pasado, sufrió cambios antes de que comenzara a ser debatido en el Parlamento, incorporando esquemas de apertura mayores que los previstos al inicio.

La ratificación en los Estados se daba por descontada, ya que el PRI gobierna en 20 de los 32 Estados del país y cuenta con amplias mayorías en las legislaturas locales.

La izquierda aún confía en que la reforma sea revocada a través de un referendo que ha pedido se lleve a cabo coincidiendo con las elecciones legislativas de 2015, una propuesta que ya cuenta con el respaldo de 1.7 millón de firmas de ciudadanos.

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