POLÍTICA FISCAL

Continúan dudas sobre exoneración de acciones

El proyecto otorgaría a las acciones no registradas beneficios similares a aquellos disfrutados por valores sujetos a reportes.

La comunidad jurídica y financiera de Panamá tiene todavía muchas dudas con relación al proyecto de ley que buscaría eximir las rentas generadas por las acciones preferidas del impuesto sobre la renta.

Bajo el proyecto, estas acciones, que se distinguen de las comunes al no tener voto en las decisiones de la empresa, disfrutarían de los beneficios fiscales que tienen los instrumentos cotizados en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP).

Entre los beneficios que disfrutan los instrumentos cotizados en la BVP se encuentra la exención del pago del impuesto sobre la renta, pero el precio que se paga por este privilegio es la presentación periódica de reportes financieros, transparencia sobre los directivos y oficiales de la sociedad y una descripción del uso de los fondos a ser obtenidos en la emisión.

El proyecto de ley presentado por el viceministro de Finanzas, Mahesh Khemlani, establece que para disfrutar de los incentivos fiscales, las acciones deben tener un período de recompra inferior a cinco años, no percibir utilidades superiores al 6% anual y “no ser parte del capital”, lo cual es una contradicción, ya que toda acción es parte del capital.

El esquema que propone el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confunde a analistas financieros, ya que si el propósito de la ley es estimular el mercado de valores, para ellos no sería prudente crear incentivos para que las personas opten por instrumentos financieros que no requieren cotizar en la BVP.

La ley de sociedades anónimas de Panamá no exige a una sociedad tener su capital en acciones comunes para que pueda realizar transacciones mercantiles.

Se desprende de esto, según fuentes que prefieren mantenerse en reserva, que una sociedad activa podría emitir acciones preferidas estipulando que serían recompradas dentro de cuatro años y repartir utilidades sin aportar al fisco ni presentar informes financieros sobre sus actividades.

Para el abogado tributario Camilo Valdés esto genera una “ambivalencia fiscal”, ya que elimina una fuente de ingresos en la misma ley que restablece el sistema de estimadas para recaudar más.

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