Proyecto de ley

Contrataciones menores, abiertas a sobreprecio y libres de fianzas

Esta semana debe reactivarse la discusión del proyecto de ley que reforma la norma de contrataciones públicas. Se espera la participación de empresarios en este primer debate.

Giro en la designación de comisiones evaluadoras

Temas:

El documento que se discute en la Comisión de Comercio, de la mano de Raphael Fuentes, (a la derecha) puede ser modificado. Actualmente el proyecto de ley se encuentra en periodo de consulta. Agustín Herrera El documento que se discute en la Comisión de Comercio, de la mano de Raphael Fuentes, (a la derecha) puede ser modificado. Actualmente el proyecto de ley se encuentra en periodo de consulta. Agustín Herrera
El documento que se discute en la Comisión de Comercio, de la mano de Raphael Fuentes, (a la derecha) puede ser modificado. Actualmente el proyecto de ley se encuentra en periodo de consulta. Agustín Herrera

Las reformas a la ley de contrataciones públicas no solo cambian el mecanismo de evaluación de las propuestas que se presentan y la manera en la que se califican. También se intenta fijar un régimen especial que favorece a las empresas locales, con lo que se abre una oportunidad de hacer contrataciones más costosas para el Estado.

El proyecto de ley cuya discusión continúa esta semana en la Asamblea Nacional, llevado de la mano del director de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes, establece un artículo creado para la “promoción de empresas locales”.

En él se establece que en las contrataciones menores a los 50 mil dólares que realicen los municipios y juntas comunales se promoverá la participación de aquellas empresas cuyo aviso de operación haya sido expedido por el municipio contratante.

Dicha empresa tendrá la prioridad en la adjudicación, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos del pliego de condiciones y “el precio propuesto no sea mayor en un 25% en relación con la propuesta de menor precio presentada por una empresa no local”.

Este artículo es motivo de análisis entre grupos de abogados, empresarios y comerciantes, quienes creen que una norma de este tipo sería discriminatoria y hasta un posible foco de corrupción.

“Si una empresa sabe que puede ofrecer un precio mucho más alto, aunque el producto no lo valga, y que esto no la inhabilita, entonces por qué no hacerlo. Se estaría haciendo legal el sobreprecio”, dijo una fuente a este diario.

De acuerdo con el proyecto de ley presentado en la Asamblea, se reconoce que el Estado pagará hasta el 25% de más por productos, servicios y obras, en caso de que la oferta corresponda a una empresa nacional.

La norma se aplicaría en las compras menores o aquellas que lleguen hasta los 50 mil dólares. Suena poco teniendo en consideración que el presupuesto del Estado supera los 20 mil millones de dólares. Sin embargo, se sabe que la descentralización ha procurado jugosos fondos a 77 municipios que tendrían la potestad de hacer contrataciones de es te tipo.

A través de la Secretaría Nacional de Descentralización se desembolsaron 782.2 millones de dólares a municipios y juntas comunales, en el periodo de 2016 a 2018.

Los municipios manejan proyectos de infraestructuras públicas, de sanidad y educación. Muchos de ellos obedecen a compras menores al tratarse de trabajos sugeridos por una comunidad, cuya solicitud se antecede de una consulta ciudadana.

Carlos Barsallo, presidente de Transparencia Internacional, capítulo Panamá, advierte que podría estarse ante una norma que discrimina a las empresas extranjeras que cuando tienen operaciones en Panamá, por ley, gozan de los mismos beneficios que las nacionales.

Además, precisa, “se podría estar frente a una nueva categoría de precio: el precio panameño”.

Cree al igual que la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, que habría que analizar el alcance y la reglamentación de lo que se quiere aprobar.

El gremio, por su parte, entiende que el nuevo artículo busca incentivar las compras en municipios y juntas comunales, es decir, “incentivar empresas con sede en los municipios donde se generan los actos públicos, a fin de dinamizar la economía local”.

“El principio parece ser de buena fe, sin embargo, será un tema que tendrá que discutirse en primer debate a fin de buscar la fórmula más balanceada y beneficiosa”, dijo la Cámara de Comercio a través de un correo electrónico.

Las discusiones en la Asamblea Nacional se han concentrado, en gran medida, en la participación en actos públicos de empresas condenadas por casos de corrupción o lavado de dinero.

Durante el periodo de consulta, representantes del Ejecutivo han aclarado que las compañías que hayan firmado acuerdos de colaboración antes de la aprobación de la ley podrán seguir contratando con el Estado. Una medida que le deja el camino libre a empresas como la constructora Odebrecht, Meco y Bagatrac.

Poco se ha debatido en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos sobre los cambios en las fianzas y la conformación de las comisiones evaluadoras.

En la norma actual, las empresas deben presentar fianzas en todas las propuestas que superen los 50 mil dólares.

La reforma establece ahora que deben presentar fianzas aquellas propuestas cuyo precio de referencia supere los 3 millones de dólares.

El Ejecutivo ha dicho que busca “agilizar los procesos” y hacer que las contrataciones sean más transparentes.

No obstante, la eliminación de la fianzas estaría flexibilizando un requisito que podría poner en juego la garantía de obras, al no contar con los avales para trabajos millonarios.

“Tres millones de dólares es demasiado dinero para que el Estado no tenga una garantía”, dijo una firma de abogados.

Giro en la designación de comisiones evaluadoras

La designación de los miembros de las comisiones evaluadoras, que de acuerdo con la  Ley  22 de 2006    eran integradas por   profesionales  o funcionarios en cuya selección participaba la entidad contratante, tendrá un  giro de 180 grados.

De acuerdo con lo que plantea el Ejecutivo en las reformas a la ley de contrataciones, estas comisiones serán designadas de forma aleatoria y a través de un sistema electrónico considerando la profesión de la persona y  el tipo de  acto público.  La base de datos será administrada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, la cual se publicará junto con  un  informe.

“No podrán ser elegibles servidores públicos que pertenezcan a la entidad licitante”, reza la propuesta que reposa en la Asamblea Nacional.

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Corporación La Prensa, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Loteria nacional

20 Oct 2019

Primer premio

8 4 7 0

CDDA

Serie: 10 Folio: 12

2o premio

7993

3er premio

2019

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código