energía

Costosa falta de planificación

El Estado falló en la oportuna inversión en energía, sector imprescindible para el funcionamiento del país.
Bancos habrian manipulado mercado de cambios. AP Photo. Bancos habrian manipulado mercado de cambios. AP Photo.
Bancos habrian manipulado mercado de cambios. AP Photo.

El gobierno de Ricardo Martinelli se vanagloria de haber construido más inversiones en sus cinco años de gestión que las hechas en los 50 precedentes. En concreto, su plan de gobierno contempló inversiones públicas por más de $13,500 millones.

Entre ellas, por ejemplo, destaca la primera línea del Metro de Panamá, a un costo superior a los $2,000 millones, que será estratégicamente inaugurado el próximo 5 de abril, justo un mes antes de las elecciones presidenciales en las que Cambio Democrático busca ser reelegido en la figura de José Domingo Arias.

Tampoco tuvo reparos la actual administración en comprometer más de $780 millones, que se terminarán de pagar en la próxima administración, para interconectar la avenida Balboa con la avenida de los Poetas a través de un viaducto que obstaculizará la relación del Casco Antiguo con el mar. La extensión de la costanera dotará al populoso barrio de El Chorrillo de una nueva vialidad y espacios públicos necesitados. La inauguración de este proyecto está prevista para el 9 de abril, 27 días antes de las elecciones.

En la partida de gastos se pueden contar numerosos subsidios reconsiderados al alza a medida que se acercan las elecciones, aumentos salariales a una planilla estatal que ya supera los 200 mil funcionarios o un exorbitado gasto en publicidad para alimentar la figura del Presidente y del candidato presidencial oficialista.

Sin embargo, las inversiones en energía, uno de los sectores imprescindibles para el funcionamiento del país, no fueron tan ambiciosas como requería una economía que ha mantenido elevados ritmos de crecimiento, con picos por encima del 10%.

Las inversiones que no se hicieron, quizá por no ser tan atractivas desde el punto de vista electoral, tendrán consecuencias económicas serias para el país.

Desde 2009 se había planificado la construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica entre Chiriquí, donde se concentra la mayoría de hidroeléctricas y, por tanto, la mayor capacidad de generación del país, con la provincia de Panamá, la región más poblada del país y con más actividad comercial y, en consecuencia, donde más energía se consume.

Pero la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) licitó la infraestructura en 2013, cuatro años después. La adjudicataria del contrato fue la constructora Norberto Odebrecht por $233 millones. Según los cálculos de Etesa, la línea podrá transmitir energía en 2016.

La postergación de esa inversión supondría al Estado $122.5 millones en los próximos años. El martes, el Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acuerdos con las generadoras AES Panamá y ENEL Fortuna para mitigar las posibles pérdidas que puedan tener por el retraso en la puesta en marcha de la línea de transmisión.

En concreto, a AES Panamá se le reconocerían $40 millones en 2014 y hasta $30 millones para 2015 y 2016. Por su parte, a ENEL Fortuna se le reconocerán hasta $30 millones en 2014 y hasta $22.5 millones en 2015 y 2016.

Esto es porque las compañías tienen unos contratos de generación de energía que cumplir y no tendrán forma de transportar esa energía.

Se calcula que entre Chiriquí y Bocas del Toro hay capacidad de generación de 1,200 megavatios (MW), mientras que la línea de transmisión solamente tiene capacidad para 600 MW. Las compañías, por tanto, se verían obligadas a utilizar fuentes de generación más costosas.

Como la entidad encargada de hacer la inversión es Etesa, esta es la responsable de compensar por las pérdidas ocasionadas, explicó el exadministrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos Víctor Urrutia, quien señaló además que los acuerdos demuestran “lo costoso que fue la decisión de no hacer la línea cuando había que hacerla”.

Esta situación se conoce en un momento en el que, como cada verano, el sistema está al filo de una crisis con los embalses operando a un nivel bajo, una planta térmica fuera de servicio y la demanda que no desciende al ritmo deseado a pesar de ciertas medidas acometidas por el Gobierno, como la utilización limitada de los aires acondicionados en las oficinas públicas.

El gerente general de AES Panamá, Miguel Bolinaga, dijo en una presentación a comienzos de año que “el creciente desarrollo económico que experimenta el país demanda una visión a largo plazo que garantice la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional”.

Este diario insistió ayer con un cuestionario dirigido al presidente de la junta directiva de Etesa y ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, pero el funcionario no contestó.

Lejos de ofrecer explicaciones, el departamento de Relaciones Públicas del Ministerio de Economía publicó el lunes un comunicado a los medios para anunciar los acuerdos aprobados por el Consejo Económico Nacional en el que el encabezado decía: “Estado se prepara ante la construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica”.

La preparación era un respuesta tardía del Estado al no haberse licitado la línea de transmisión a tiempo.

Etesa, dirigida por Fernando Marciscano, le achacó la responsabilidad a la anterior administración.

En respuesta a un cuestionario gestionado por este diario, Etesa explicó que durante la administración de Isaac Castillo se replanteó la construcción de la tercera línea de 2009, corriendo la fecha de este proyecto para entrar en operación la primera etapa en 2015 y la segunda en 2018, además de considerar un proyecto de repotenciación que entraría en 2012.

La repotenciación de la línea existente permitiría aumentar la capacidad de transmisión en corto tiempo, pero dos años más tarde una consultora internacional descartó esta última fase de ejecución.

Entonces se tomó la decisión de retomar el proyecto de la tercera línea en una sola etapa, con entrada a mediados del año 2016.

Las pérdidas de las empresas, que asumiría el Estado, más el costo total de la línea sumarían $355.5 millones.

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