gobierno busca ingresos adicionales

Cuestionan amnistía fiscal

Un cambio introducido en el primer debate modifica la base para calcular el dinero que deberán pagar los contribuyentes.

La regularización tributaria aprobada por el Gobierno ha sido objeto de ciertos cuestionamientos. Estos se dieron desde que se presentó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional y cuando se conoció el texto aprobado en tercer debate por los diputados, que sufrió ciertas modificaciones en relación a la propuesta original.

El consultor tributario Osvaldo Lau publicó en su columna de ayer domingo en este diario que con la Ley 51 se legaliza la defraudación. “La amnistía es un medio para extinguir la responsabilidad penal y hace desaparecer la figura delictiva. Al incursionar por primera vez en el campo fiscal la amnistía perdona los delitos y limpia cualquier fortuna mal habida legalizando la defraudación”.

Anteriormente, el abogado José Javier Rivera comentó que “sería inadmisible premiar con una amnistía tributaria la situación de aumento de patrimonio no justificado o la legalización de ingresos derivados de actividades delictivas o que provengan de la corrupción”.

Este medio preguntó al administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP), Luis Cucalón, sobre los mecanismos que tenía la entidad para determinar que quien se acoja a la regularización no esté legalizando dinero mal habido. Cucalón contestó con una evasiva: “Me copié de España, quizás España esté alentando el lavado de dinero mal habido según su posición”.

Según la información de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley fue propuesto por el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, el pasado 21 de agosto. En apenas dos semanas pasó todos los trámites pertinentes en la Asamblea Nacional y fue sancionado por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, convirtiéndose en la Ley 51 de 5 de septiembre de 2013.

El espíritu de la norma no varió en ese expedito proceso: los contribuyentes tendrán la oportunidad de regularizar el pago del impuesto sobre la renta hasta el período fiscal 2011. A cambio, se garantiza confidencialidad y que la ANIP no les auditará hasta el 31 de agosto de 2014. Además, los contribuyentes que se encuentren morosos podrán pagar lo adeudado sin ser multados y recibirán un descuento del 25% en los intereses.

No obstante, en el primer debate legislativo se introdujo una modificación sustancial a la norma: la base imponible se calculará finalmente a partir del promedio de la renta gravable, que equivale a los beneficios, de los tres últimos años. El proyecto establecía que esa cifra se calcularía tomando como base los ingresos de los tres últimos años.

Cucalón dijo que cuando se analizó el proyecto de ley se percataron de que según su redacción original nadie se acogería a la regularización. “De qué sirve una ley a la que nadie se acoge”, añadió.

El especialista tributario Osvaldo Lau señaló en su columna que con el cambio los diputados “hicieron prevalecer sus intereses personales y empresariales sobre las necesidades del Estado”.

El resultado, según el experto, podría ser la reducción de hasta un 90% en la recaudación estimada por el Gobierno, que se calculaba entre $200 y $400 millones.

La Prensa preguntó a Cucalón si habían modificado a la baja las proyecciones de recaudación con los cambios introducidos a la ley.

El funcionario no solo ignoró la pregunta, sino que contestó con un insulto (ver nota relacionada).

Los analistas también han destacado que la ley deja al arbitrio del administrador algunas decisiones sobre las declaraciones de los contribuyentes. Quienes estén omisos o sin operaciones, es decir, que no hayan presentado declaración o que hayan dicho que no tuvieron actividad y quieran regularizarse, deberán presentarlas o rectificarlas “y estas tendrán que ser aprobadas previamente por el administrador nacional de Ingresos Públicos para acogerse a la presente Ley...”.

La norma establece un período de tres meses para efectuar el pago del dinero adeudado. Esto significa que el Gobierno recibirá este ingreso adicional en el ejercicio fiscal 2013, en medio de una campaña electoral ya bien avanzada.

La propuesta de regularización se conoció poco después de revelarse el balance fiscal del Gobierno para el primer semestre, que arrojó un déficit de $800 millones.

>>> Cucalón ataca a periodista

El pasado 3 de septiembre, cuando el diario La Prensa tuvo conocimiento de los cambios que la Asamblea Nacional introdujo al proyecto de ley de regularización tributaria, el periodista Roberto González Jiménez envió un cuestionario al administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP), Luis Cucalón, para que explicara el origen y las consecuencias de las modificaciones. Las respuestas llegaron dos días después. Además de exponer ciertos argumentos, el funcionario no dudó en arremeter contra el periodista. A la pregunta de si habían cambiado a la baja las proyecciones de ingresos de la entidad a raíz de los cambios introducidos a la ley, Cucalón contestó: “Ud. nunca ha vendido ni pastillitas porque hubiera quebrado por bruto”. Unos días antes, en concreto el 19 de agosto, Cucalón dedicó dos mensajes al periodista en la red social Twitter. Esto sucedió después de que La Prensa publicara los primeros detalles sobre la ley de regularización fiscal. “Por qué Roberto González no puso que esta ley es algo impactante así como la creación de la ANIP eso le dije!! El jefe se lo prohibió?”, publicó el funcionario, quien no había contestado un cuestionario anterior remitido por este diario. A continuación escribió: “Me extraña que el periodista González de La Prensa de descendencia española no sepa que se hizo algo igual en España no hace mucho”.

Ese mismo día, el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, que lleva meses sin contestar a las solicitudes de información del diario La Prensa, le dijo a Cucalón a través de la red social: “Ni pierdas tu tiempo con esa gente que tienen su línea bien definida”.

Redacción de La Prensa

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