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Acciones al portador

Debaten cambio en el sistema

Los custodios tendrían registros de la identidad del accionista en caso de que estos sean solicitados por una autoridad.

La Asamblea Nacional empezó ayer la discusión en primer debate del proyecto de ley 568 que adoptaría un régimen de inmovilización y custodia a las acciones al portador, un elemento necesario para que Panamá apruebe la revisión de pares del Foro Global para la Transparencia.

El proyecto obligaría a los tenedores de acciones al portador a depositar las mismas con bancos de licencia general, empresas fiduciarias y casas de valores, los cuales tendrán registros de la identidad del accionista en caso de que esta información deba ser proporcionada a una autoridad gubernamental.

La propuesta de ley fue presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, quien indicó que “la adopción de estos mecanismos es imperativa [...], en el 65% de los casos bajo investigación no ha sido posible identificar a los propietarios de sociedades anónimas, incluyendo acciones emitidas de forma nominativa, como al portador”.

Argumentó que jurisdicciones con economías similares han adoptado medidas comparables y han tenido resultados positivos, un planteamiento que lideró el abogado Jaime Alemán en semanas pasadas.

El economista Nicolás Ardito Barletta hizo uso de la palabra para expresar la necesidad de aprobar el proyecto, haciendo referencia a los costos económicos de no participar en las reglas de la comunidad internacional.

César Ruiloba, del Colegio Nacional de Abogados, indicó que era necesario revisar de forma más cercana los mecanismos legales para dar respuesta a solicitudes de información.

Ruiloba, en representación del Colegio, expresó un rechazo al texto del proyecto y contempló un fortalecimiento del sistema de lucha contra delitos financieros.

Por su parte, el abogado Carlos Ernesto González Ramírez, en representación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, pidió que se “detenga el debate hasta tanto se haga un estudio sobre el impacto económico del proyecto”.

El abogado Adolfo Linares explicó que existe una presión por organismos internacionales para aprobar el proyecto, que no necesariamente implica un trato igual de Panamá con el resto de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, promotora de la regulación.

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