CÁMARA DE COMERCIO INTERPONE RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Demandan Ley 52 por inconstitucional

Irvin Halman, presidente del gremio empresarial, advirtió que la norma impacta negativamentela planificación del empresariado.

El presidente de la Cámara de Comercio, Irvin Halman, presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 52 de 2012, que reformó varios artículos del Código Fiscal.

De acuerdo con Halman, esta ley tiene varios vicios de inconstitucionalidad, sobre todo en el artículo que se refiere al pago del impuesto sobre la renta, que en medio del ejercicio pasará del adelanto mensual al impuesto sobre la renta (Amir), que se paga cada mes, a la denominada “estimada”, el método utilizado hasta 2011 y que solamente contempla tres pagos al año.

A criterio de Halman, derogar la figura del Amir –acción contemplada en el parágrafo transitorio del artículo 5–, trae consecuencias negativas para los contribuyentes, a quienes se obliga a aumentar sus pagos al fisco de manera retroactiva.

Dijo además que esa modificación tiene un impacto negativo en la planificación de todos los empresarios y afecta en especial a las pequeñas y medianas empresas, que representan 80% del sector empresarial.

Esta es la undécima reforma fiscal aprobada por esta administración, lo que a juicio de Halman envía el mensaje negativo de que no hay consistencia en esta materia, genera una gran carga para los contribuyentes y pone en juego su estabilidad.

CRÍTICAS PUNTUALES

La demanda ataca también el artículo 3 de la ley, pues a juicio de la Cámara vulnera los principios de igualdad, capacidad contributiva y equidad en materia tributaria al crear una exoneración del pago del impuesto sobre la renta en concepto de dividendos o cuotas de participación que se distribuyan y correspondan a acciones preferidas bajo el cumplimiento de ciertas condiciones.

Asimismo, la demanda rechaza el artículo 19 de la norma, que otorga supremacía al Código Fiscal sobre el resto de las leyes.

De acuerdo con Halman, la ley también carece de estudios que sustenten las reformas, como el informe de la Contraloría, que según el artículo 276 de la Constitución debe emitirse para validar la viabilidad fiscal que tenga en el presupuesto una modificación o derogación de ingresos.

Se trata, según el presidente de la Cámara, de una ley inconsulta, que traerá inconvenientes para el sector privado.

Por su parte, el director general de Ingresos, Luis Cucalón, dijo que la demanda no detiene la entrada en vigencia de la norma y que será la Corte Suprema la que decida si es constitucional o no.

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