Presuntas prácticas Monopolísticas

Demandan a panificadoras

Acodeco presentó documentos que evidencian posible fijación de precios y distribución de mercado para la galleta nutricional.
El Programa de Alimentación Complementaria Escolar incluye además de la galleta, la leche nutricional y la crema fortificada. El Programa de Alimentación Complementaria Escolar incluye además de la galleta, la leche nutricional y la crema fortificada.
El Programa de Alimentación Complementaria Escolar incluye además de la galleta, la leche nutricional y la crema fortificada. Archivo

Las empresas panificadoras Productos Alimenticios Pascual, Agro Industrias Alimenticias de Veraguas y Zuellen fueron demandadas el pasado miércoles por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

La acción legal se presentó por presuntas prácticas monopolísticas incurridas en licitaciones convocadas en los años 2014 y 2015 por el Ministerio de Educación (Meduca), para “el suministro, transporte, entrega y descarga en sitio” de la conocida galleta nutricional mejorada.

La entidad fiscalizadora dijo que la demanda se basa en la posible concertación, manipulación y fijación de precios de venta o compra de las referidas galletas, además de distribuirse el mercado existente por provincias.

La galleta nutricional forma parte del Programa de Alimentación Complementaria Escolar que ejecuta el Meduca en 15 regiones educativas del país, y que además incluye la leche nutricional y la crema fortificada.

INVESTIGACIÓN 

Durante el año pasado, representantes de la Acodeco realizaron una serie de acciones, que incluyeron diligencias en las oficinas de las tres procesadoras de alimentos, donde encontraron suficiente documentos con información que acredita la posible existencia de prácticas que restringen la libre competencia y que violan los numerales 1, 3 y 4 del artículo 13 de la Ley 45 de 2007, donde se definen los lineamientos de las prácticas monopolísticas absolutas.

El administrador general de la Acodeco, Óscar García Cardoze, dijo ayer a La Prensa que luego de las investigaciones realizadas han llegado a la convicción de que las empresas se pusieron de acuerdo en un esquema de rotación o distribución de los diferentes renglones de las licitaciones.

“No fue una licitación donde te llevas todo o nada. Como hay diferentes renglones [que son cada provincia], entonces ahí se presta para que puedan darse ese tipo de reparto”, afirmó García Cardoze.

A pesar de que la información que se recopiló abarca los años 2014 y 2015, los inspectores de la Acodeco empezaron a ver algo sospechoso en el año 2013.

A partir de esa fecha encontraron en los años subsiguientes un patrón repetitivo de colusión, tras evidenciarse maneras de proceder de las empresas en los actos públicos que se efectuaron en cuanto a qué renglones participar y con qué precios.

De acuerdo con información oficial, que emana del sistema electrónico de Contrataciones Públicas, de 2013 a 2015 la empresa Pascual había ganado esta licitación por un monto de $6.54 millones ; Agro Industrias por $5.54 millones y Zuellen por $4.96 millones.

Para 2013-2014 fungía como ministra de Educación Lucy Molinar. En tanto, que Marcela Paredes de Vásquez asumió el cargo a partir de julio de 2014.

PROCESO JUDICIAL

La demanda interpuesta contra las empresas Pascual, Agro Industrias y Zuellen quedó asignada en el Juzgado Octavo de Circuito Civil de Panamá para su debido proceso.

El proceso judicial podría tardar años, ya que ahora le corresponderá al juzgado analizar que la demanda cumpla con todas las formalidades, para luego decretar su admisión y sucesivamente notificar a las empresas demandadas.

Luego debe llamarse a una audiencia preliminar, donde se establecería un acuerdo para conocer qué tipo de prácticas se ejecutarían —como son peritaje o revisión de documentación adicional— y posteriormente fijar nuevas audiencias, dependiendo de los recursos que interpongan los demandados, lo que dilataría más el proceso.

Tradicionalmente, estos casos de prácticas monopolísticas han tardados entre 3 y 10 años, aunque el administrador de la Acodeco alega que un plazo prudente puede ser hasta de un año y medio.

Por el momento, el Meduca no puede tomar parte del proceso mientras que no haya una decisión en firme del Órgano Judicial, según señalan especialistas en estos temas.

Pero de salir culpables las empresas demandadas, tendrían que pagar multas hasta por un valor de $1 millón, que es lo que permite hasta el momento la ley. No obstante, habría que evaluar la capacidad económica de la empresa, el tamaño y si hay justificación para una sanción idéntica o diferencial.

Pascual pertenece al grupo colombiano Casa Luker, Agro Industrias a la familia Virzi y Zuellen tiene como representante legal a Fulvia Bósquez.

Este diario buscó las reacciones de las tres empresas demandadas, no obstante, tanto voceras de Pascual como de Zuellen no hicieron comentarios al respecto. Adujeron que no conocían el proceso y que siempre han cumplido con todos los pliegos de estos actos públicos.

A Agro Industrias Alimenticias de Veraguas también se les llamó, pero ninguno de sus gerentes estaba en las oficinas al momento de hacer los contactos. Hasta el cierre de esta nota periodística no habían respondido a la llamada que se les hiciera.

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