Consorcios alegan faltas en propuestas

Disputa legal por extensión del Metro

Empresas se acusan de no cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones.

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La extensión de la línea 1 del Metro desde el sector de San Isidro hasta Villa Zaíta tiene una extensión de 2.2 kilómetros y según cálculos la construcción debe tomar 33 meses desde la emisión de la orden de proceder. Archivo La extensión de la línea 1 del Metro desde el sector de San Isidro hasta Villa Zaíta tiene una extensión de 2.2 kilómetros y según cálculos la construcción debe tomar 33 meses desde la emisión de la orden de proceder. Archivo
La extensión de la línea 1 del Metro desde el sector de San Isidro hasta Villa Zaíta tiene una extensión de 2.2 kilómetros y según cálculos la construcción debe tomar 33 meses desde la emisión de la orden de proceder. Archivo

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó a la comisión evaluadora designada por el Metro de Panamá dar un paso atrás y hacer un nuevo análisis de las tres propuestas que participan en la licitación para extender la línea 1 hasta el sector de Villa Zaíta.

La DGCP aceptó los reclamos presentados por los grupos Consorcio ACPC Línea 1 (Acciona-Power China) y el Consorcio Villa Zaíta (Odebrecht - FCC Construcción-Operadora Cicsa).

Los dos grupos acusan al consorcio Línea Panamá Norte, conformado por la empresa española  OHL y la portuguesa Mota Engil, que hizo la oferta más económica, de no cumplir con el pliego de condiciones. Pero también se señalan mutuamente por no haber presentado toda la documentación solicitada por el Metro de Panamá.

El consorcio ACPC Línea 1 advirtió que el grupo Villa Zaíta no presentó toda la información de las personas que integran la asociación.

También advirtió que la información aportada sobre el domicilio de los integrantes del consorcio Línea Panamá Norte es confusa.

Por su parte, el grupo en el que participa Odebrecht asegura que ACPC no entregó las referencias bancarias para que su oferta fuera aceptada.

Y además, acusa al consorcio Línea Panamá Norte de presentar firmas diferentes en los documentos firmados por su representante legal.

Disputa legal por extensión del Metro Expandir Imagen
Disputa legal por extensión del Metro

Los poderosos de la construcción se disputan, con ofertas y recursos legales, un contrato de más de $200 millones, cuya gestión empezó en el gobierno de Juan Carlos Varela y se ejecutará en el de Laurentino Cortizo.

Ante los argumentos presentados por ambas empresas, la Dirección de Fiscalización de la DGCP ordenó que los miembros de la comisión evaluadora y de la comisión de revisión de precios realizaran un nuevo análisis de todas las propuestas presentadas.

La comisión evaluadora está integrada por José Batista González, Juan Yinh Lao, Tomás Sosa Morales, Ariel Fidel Arjona y Elizabeth Pérez.

En lo que respecta a la verificación de precios ofertados, la responsabilidad recae sobre Daniel Meana, Migdalia de Quiroz y Eibar Caballero.

La extensión de la línea 1 debe estar terminada en 33 meses luego de emitida la orden de proceder, y la obra incluye un viaducto de 2.2 kilómetros.

Contará con una estación terminal elevada en el extremo norte de la línea 1, con capacidad para más de 10 mil pasajeros en hora pico, y se conectará con un intercambiador con 16 dársenas de buses. Habilitarán estacionamientos para unos 800 vehículos.

El análisis que deben realizar los miembros de ambas comisiones debe centrarse, en el caso de la propuesta de ACPC, directamente en la fórmula utilizada para calcular su oferta económica y en la información relacionada con el personal clave que debe estar presente en el proyecto.

Respecto a la revisión de la oferta del consorcio Villa Zaíta, se deben confirmar los datos de los estados financieros presentados, la fianza de propuesta e información de puestos clave.

En este grupo participa Odebrecht, cuyo holding enfrenta hoy un proceso de quiebra en Brasil.

También se evaluarán las referencias presentadas en proyectos donde participaron los miembros del grupo, específicamente las relacionadas con el metro de Santo Domingo, República Dominicana.

Por último, el fallo ordena la revisión de los criterios financieros presentados por el consorcio, y si la omisión de algunos precios y costos puede afectar el precio ofertado.

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