transparencia financiera

Efectividad, tarea pendiente en lucha contra el blanqueo

Gafilat señala que no tener tipificado el fraude fiscal en el ‘Código Penal’ afecta la posibilidad de investigar delitos de lavado.

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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica destaca el bajo nivel de reportes de operaciones sospechosas generados en sectores considerados de alto riesgo. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica destaca el bajo nivel de reportes de operaciones sospechosas generados en sectores considerados de alto riesgo.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica destaca el bajo nivel de reportes de operaciones sospechosas generados en sectores considerados de alto riesgo.

Aunque Panamá ha mejorado el nivel de cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para prevenir el lavado de activos, queda camino por recorrer para demostrar la efectividad del sistema de prevención del blanqueo de capitales.

Esta conclusión se puede extraer de la evaluación que hizo el brazo regional del grupo (Gafilat) durante 2017 y que quedó plasmada en un reporte fechado en enero de este año.

El GAFI hace a todos los países 40 recomendaciones técnicas para mejorar la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. En una evaluación efectuada en 2012, Panamá cumplía por completo 1 recomendación; mayoritariamente cumplía 3 recomendaciones; parcialmente cumplía 26 recomendaciones; y no cumplía 19 de ellas.

Como consecuencia de este análisis, el país ingresó en la lista gris del GAFI en 2014. Luego de implementar un plan de acción coordinado con el organismo internacional, el país salió de la lista en febrero de 2016.

En la nueva evaluación del Gafilat el resultado de Panamá es más positivo en lo que se refiere a la parte técnica: cumple 10 recomendaciones; tiene 22 mayoritariamente cumplidas; 7 parcialmente cumplidas; y solamente 1 no cumplida.

Esta última tiene que ver con la “transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas”, y entre otros aspectos Gafilat señala que la normativa panameña no prohíbe la existencia de accionistas y directores nominales, que permiten que los titulares de una sociedad no sean las personas que realmente la controlan.

En lo que respecta a las 11 recomendaciones de efectividad, Panamá logra un cumplimiento substancial de 2; cumplimiento moderado de 6; y bajo de 3.

El informe señala que uno de los principales riesgos de Panamá es la recepción de fondos producto de delitos fiscales cometidos en el exterior. En este sentido, destaca que en la normativa vigente no se ha tipificado la evasión como delito base ni como precedente de lavado de activos, “lo que afecta significativamente las posibilidades de prevención e investigación de delitos de lavado de activos a nivel local e impide prestar una adecuada cooperación en los pedidos recibidos del exterior”.

Conocedor de este requerimiento, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó en la Asamblea Nacional, el pasado 18 de enero, un proyecto de ley para incorporar el delito fiscal al Código Penal.

Además del delito fiscal, el organismo señala otras deficiencias, como “limitaciones en la Estrategia Nacional de Riesgos aprobada por el país”.

El Gafilat estima que hay una serie de amenazas internas y externas que “no están siendo adecuadamente enfrentadas debido a las importantes vulnerabilidades no atendidas por la Estrategia en los principales sectores de riesgo (servicios societarios, zonas francas, inmobiliario, financiero)”.

Luego de las modificaciones legales aprobadas entre 2015 y 2016, una gran cantidad de empresas están obligadas a reportar operaciones sospechosas.

De esos reportes pueden surgir investigaciones sobre lavado de activos. No obstante, el análisis de Gafilat observa una “baja inscripción de sujetos obligados en la plataforma de reporte de la Unidad de Análisis Financiero en línea... y resulta inconsistente el bajo nivel de reportes de operaciones sospechosas que generan sectores altamente riesgosos por el contexto del país, tales como el inmobiliario y de la construcción, Zona Libre de Colón y los abogados que ejercen funciones de agentes residente”, señala el reporte.

Por su parte, Gafilat reconoce los esfuerzos de las autoridades dedicadas a la persecución del lavado de activos relacionados con la droga y señala que “de forma progresiva se comienzan a ver resultados en investigaciones con otros delitos precedentes, como corrupción y delitos financieros”.

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