finanzas del estado

Elevada deuda, la herencia de Martinelli

Al cierre de 2009, el primer año del Gobierno actual, el saldo de la deuda era de $10 mil 972.3 millones.

El saldo de la deuda pública al cierre de 2014, el último año de la administración de Ricardo Martinelli, ascenderá a $17 mil 227 millones.

Así consta en el documento “Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2018” presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Asamblea Nacional. Después de solicitar la dispensa para elevar los límites de déficit establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, el MEF estaba en la obligación de presentar nuevas proyecciones macroeconómicas y un cronograma de ajuste del déficit fiscal.

En 2011 el MEF –entonces comandado por Alberto Vallarino– llevó a la Asamblea Nacional un documento similar (Marco Fiscal de Mediano Plazo 2011 - 2015), que proyectaba para finales de 2014 una deuda pública de $14 mil 852 millones.

Dos años más tarde, Frank De Lima, jefe económico del Gobierno, plantea una variación de $2 mil 375 millones al alza.

Martinelli será, con mucha diferencia, el Presidente que más haya recurrido a la deuda para financiar el gasto en su administración. Al cierre de 2009, el primer año de su mandato, el saldo de la deuda era de $10 mil 972.3 millones.

Si se cumple la nueva proyección del MEF, tras los cinco años del gobierno de Martinelli la deuda habrá engordado en $6 mil 255 millones (57% más), una cifra que supera en mil millones de dólares el presupuesto de la ampliación del Canal de Panamá ($5 mil 250 millones).

Además, Martinelli habrá disfrutado de una economía en constante crecimiento, que se traduce en aumento de ingresos para el Estado.

En 2012, los ingresos tributarios fueron casi mil millones o 27% superiores a los del año anterior. Los aportes del Canal de Panamá, por su parte, se han estabilizado alrededor de los mil millones de dólares.

A esos niveles de deuda pública se llegará después de cosechar déficit fiscales en todos los años de la administración, una consecuencia de haber disparado el gasto –tanto de operaciones como de inversiones– por encima de los ingresos.

El MEF pronostica que este año el déficit será de 2.8% sobre el PIB. No obstante, el Gobierno solicitó una dispensa a la Asamblea para elevar el límite de déficit fiscal a 3.1% y así obtener recursos para atender los daños causados por las inundaciones del pasado mes de noviembre.

Para 2014, año de elecciones presidenciales, el balance del sector público arrojará un déficit de mil 237 millones de dólares (2.7% del PIB) y para 2015 el pronóstico de déficit ascendería a mil 532 millones de dólares, un 3% del PIB. En los años sucesivos, el déficit iría descendiendo paulatinamente hasta los $202 millones en 2018.

También tendrá una tendencia negativa la relación deuda-PIB, como consecuencia del crecimiento que se sigue esperando para la economía.

Según el MEF, en 2014 este indicador caerá a 38%, y seguirá descendiendo hasta un 31% en 2018, año en el que el PIB se acercará a los $66 mil 400 millones. De cumplirse este pronóstico, el PIB se habrá duplicado entre 2011 y 2018.

Además de la deuda que aparezca en los balances del sector público, el próximo presidente tendrá que hacer frente a otros compromisos asumidos por esta administración y que no constan en los reportes oficiales de deuda.

efecto ´llave en mano´

Al nuevo Gobierno le quedará por pagar alrededor de un tercio del programa de reordenamiento vial, una de las múltiples contrataciones ´llave en mano´ que ha efectuado este Gobierno.

Con ese modelo de contratación, la empresa que ejecuta la obra es responsable de conseguir el financiamiento y, por lo tanto, la deuda no figura en los balances del Estado.

Entre el Gobierno Central y la Caja de Seguro Social han contratado proyectos por alrededor de $3 mil 400 millones utilizando esta figura.

El ministro de Economía Frank De Lima, reconoció recientemente que todavía quedan por pagar alrededor de mil 800 millones de dólares.

Por ejemplo, el plan de reordenamiento vial y la ciudad hospitalaria se terminarán de pagar en 2016 y 2018, respectivamente.

Además de utilizar los contratos ´llave en mano´, el gobierno de Martinelli utilizó otra herramienta legal que le permitió elevar la deuda pública.

En abril de 2011 excluyó del sector público no financiero –cuyos límites financieros están regulados por ley– a Tocumen, S.A., a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).

De esta manera, ENA pudo hacer emisiones de bonos por mil millones de dólares para financiar la compra de los corredores; mientras que Tocumen, S.A. se prepara para obtener en el mercado $600 millones que le ayuden a sufragar la nueva terminal sur, y esas deudas no figuran en los balances del Estado regulados por la ley.

El argumento del Gobierno es que, al igual que el Canal de Panamá, estas compañías tienen ingresos propios, y que son los que respaldan las emisiones y garantizan su pago.

En términos generales, defienden, además, que el endeudamiento del país es relativamente bajo y que este es un momento histórico oportuno para desarrollar las infraestructuras que no hicieron Gobiernos anteriores. Sin embargo, también se ha disparado el gasto de operaciones del Gobierno, se ha elevado la planilla estatal y aumentado los subsidios.

Martinelli va camino de cumplir su vociferada promesa electoral de invertir más de $13 mil millones en cinco años.

Serán los panameños, en el tiempo, los que tendrán que hacerle frente a la letra chica no publicitada del contrato, esos más de $17 mil millones de deuda.

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