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Empresas confiscadas por Cuba podrán ser demandadas

Ley de 1996 permite iniciar acciones en EU contra las empresas que tengan ganancias gracias a activos nacionalizados después de la revolución de 1959.

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El gobierno de Trump ha adoptado una postura muy firme contra el de Cuba, que contrasta con la apertura diplomática de su predecesor Barack Obama. El gobierno de Trump ha adoptado una postura muy firme contra el de Cuba, que contrasta con la apertura diplomática de su predecesor Barack Obama.
El gobierno de Trump ha adoptado una postura muy firme contra el de Cuba, que contrasta con la apertura diplomática de su predecesor Barack Obama.

El gobierno de Donald Trump va a activar una norma que permite demandar en Estados Unidos a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, terminando con una exención que se mantenía hace dos décadas, indicó ayer un funcionario estadounidense.

El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunciará la medida este miércoles en un acto en Miami en el que se reunirá con veteranos de la fallida operación de Bahía Cochinos. “Bolton va a anunciar la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton mañana en un discurso en Miami”, dijo un alto funcionario estadounidense.

El 12 de abril, Bolton había anunciado que participaría en un acto con los veteranos con el fin de anunciar “importantes pasos tomados por el gobierno para afrontar las amenazas para la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua.”

El discurso de Bolton tiene como objetivo conmemorar la fallida invasión de Bahía de Cochinos de 1961 con un mensaje de que haber recibido un revés una vez no implica no volver a intentarlo.

La sección de la ley que data de 1996 permite iniciar acciones ante la justicia estadounidense contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados después de la revolución de 1959.

Cuando la ley fue adoptada, el Departamento de Estado estimó que existían unas 200,000 demandas potenciales. La activación de la norma genera incertidumbre por las consecuencias para socios de Estados Unidos.

Pero desde la aprobación de la norma, los gobernantes estadounidenses han postergado la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados con empresas en la isla que podrían ser objeto de tales demandas. Es el caso de la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017.

El sábado, la ministra de Economía española, Nadia Calviño, dijo que consideraba “claramente perjudicial” la posibilidad de que Estados Unidos activara la norma.

El emblemático Hotel Habana Libre, antiguo Hilton, administrado ahora por la española Meliá, estaría entre los posibles afectados.

El gobierno de Trump ha adoptado una postura muy firme contra el de Cuba, que contrasta con la apertura diplomática de su predecesor Barack Obama, quien flexibilizó las restricciones de viaje para los estadounidenses y hasta visitó la isla, afirmando que la estrategia impulsada durante medio siglo por Washington para derribar al régimen no había dado resultados.

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