POLÍTICA FISCAL

Estrategia en avalúos

El destino de medidas que han sumado enemigos y cuyo rumbo se desconoce, empieza a definirse de cara a las elecciones presidenciales.
Especialistas apolíticos consultados han coincidido en que el gran problema es que la actualización catastral no se ha hecho en más de tres décadas, por lo que los nuevos registros superan la capacidad de cada contribuyente. LA PRENSA/Eric Batista. Especialistas apolíticos consultados han coincidido en que el gran problema es que la actualización catastral no se ha hecho en más de tres décadas, por lo que los nuevos registros superan la capacidad de cada contribuyente. LA PRENSA/Eric Batista.
Especialistas apolíticos consultados han coincidido en que el gran problema es que la actualización catastral no se ha hecho en más de tres décadas, por lo que los nuevos registros superan la capacidad de cada contribuyente. LA PRENSA/Eric Batista.

Con los avalúos catastrales encerrados en una nevera sin llave, el futuro de una política fiscal tildada por los principales afectados como “confiscatoria” depende ahora de quién alcance la silla presidencial el próximo 4 de mayo.

Los consejeros en economía de cada candidato hablaron días atrás sobre un impuesto creado hace dos gobiernos y que ahora alza resquemores por la poca actualización que ha tenido, y porque afecta a quienes esperan insertarse en la economía y a la clase media en general.

Durante la presentación de las políticas económicas que emprenderá el candidato que llegue en julio al Palacio de las Garzas, cada consejero económico (excepto Juan Jované que, como economista, fue en su propia representación) expuso las políticas monetarias del próximo quinquenio para Panamá.

Mientras el país, y especialmente la provincia capitalina, espera por unas sugerencias que realizan especialistas de diversos sectores entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), los ciudadanos temen asumir el pago de nuevos impuestos con recargos que superan su asombro.

“Esto tiene un propósito y es precisamente hacer abandonar a las capas medias de las residencias donde están, porque hay políticas con el nuevo reordenamiento urbano que conlleva a que sectores populares y capas medias se vayan cada vez más distantes”, comentaba la economista Maribel Gordón, quien asesora a Genaro López, candidato por el Frente Amplio por la Democracia (FAD).

Y es que desde el 26 de noviembre de 2012 empezaron a salir publicados, en un medio impreso de alcance nacional, los edictos en los que sorpresivamente se notificaban las revalorizaciones que Catastro hacía a los bienes inmuebles de algunos sectores de la ciudad de Panamá y zonas costeras de esta provincia.

A esto le sumaron otros 28 edictos que veían luz pública mes a mes hasta que la reacción ciudadana y empresarial de la capital obligaron al ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, a firmar una suspensión de los trámites y registro de los nuevos valores catastrales, a través de una resolución.

En tanto, Juan Jované, en aquel foro, señaló que “para mí, mi vivienda, y creo que para todos los que somos de clase media, viviendo en un valor de uso, y mientras yo la esté usando como tal, yo no veo por qué me tienen que tratar de quitarla para después construir un edificio grande y apadrinar la especulación inmobiliaria”.

Y agregó: “El día que yo la venda, si tengo una ganancia de capital entonces se paga el impuesto sobre la renta”.

Mientras, David Saied, economista y consejero del candidato Juan Carlos Navarro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), luego de advertir que “un decreto no puede derogar o suspender una ley”, señaló que de ganar su gobierno, eliminaría el artículo que permite la creación de registros catastrales.

Especialistas apolíticos consultados han coincidido en que el gran problema es que este tipo de actualizaciones no se han hecho en más de tres décadas, por lo que los nuevos registros superan la capacidad de cada contribuyente.

Antonio Fletcher, consejero del oficialista Cambio Democrático y candidato a vicealcalde, expresó que “obviamente hay que terminar el proceso de sustitución de la ley anterior”. Aun así, defendió la capacidad de pago de los contribuyentes, luego de señalar que esta medida viola el principio que vela por ello.

“Y eso estaba haciendo esa ley de reavalúos, por eso debe ser retomada responsablemente”, culminó.

El único que no estuvo en total desacuerdo con la medida fiscal fue Dulcidio De La Guardia, exviceministro de Economía y consejero del candidato Juan Carlos Varela, del panameñismo, quien, pese a que manifestó que el impuesto de inmueble hay que replantearlo “completamente”, destacó que Panamá “es posiblemente en América Latina el país que menos impuesto de inmueble recauda”.

Para ello, De La Guardia afirmó que “el fervor ciudadano llama o ha generado que hay que tener un gran debate en cuestión al uso y cuál debe ser el impuesto al inmueble”. Y sugirió que una vez determinado el impuesto al inmueble, “posiblemente tienen que ir los pagos a los corregimientos o a los municipios”.

Según Frank De Lima, en esta materia, y ante la falta de nuevos avalúos catastrales, el Gobierno Central está dejando de percibir hasta 400 millones de dólares cada año.

Se calcula que desde que el MEF implementó el proceso de revalorización catastral, a finales de 2012, se registraron unas 14 mil fincas, de las cuales aproximadamente 2 mil presentaron apelación. Los contribuyentes esperan las recomendaciones de la comisión de expertos que debe evaluar el gobierno que resulte electo el domingo 4 de mayo.

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