Fondo de EU lleva a Perú a arbitraje

El pago de unos viejos bonos agrarios se resolverá bajo la cláusula de resolución de controversias del TLC entre ambos países.
Los bonos agrarios peruanos fueron emitidos en 1970. Los bonos agrarios peruanos fueron emitidos en 1970.
Los bonos agrarios peruanos fueron emitidos en 1970.

Perú confirmó que un fondo de Estados Unidos busca llevarlo a un arbitraje para el pago de unos viejos bonos agrarios que compró a antiguos acreedores locales, y por los que reclama mil 300 millones de dólares.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo que la solicitud fue hecha por el fondo de inversión estadounidense Gramercy y otras tres entidades relacionadas, amparándose en una cláusula del tratado de libre comercio que mantienen ambos países para la resolución de controversias.

“Perú está manejando diligentemente el tema de dichos bonos y se defenderá enérgicamente con respecto a cualquier demanda internacional concreta”, dijo el MEF en un comunicado.

Aclaró que la notificación hecha por Gramercy es solo preliminar y no constituye el inicio del proceso arbitral. De acuerdo con el diario especializado Gestión, Gramercy reclama un pago de mil 300 millones de dólares.

Los llamados bonos agrarios fueron emitidos como compensación en la década de 1970 dentro de un programa de reforma agraria iniciado por un gobierno militar (1968-1980) que encabezó el general Juan Velasco, quien expropió las tierras para entregarlas a los campesinos con el objetivo de acabar con los latifundios.

Se estima que son más de 500 los acreedores de estos bonos, entre ellos Grammercy, que adquirió parte de ellos a tenedores de bonos locales hace casi una década.

El MEF aclaró que los bonos agrarios son completamente distintos a los bonos soberanos contemporáneos, “fueron emitidos en el Perú en moneda local y están sujetos al derecho peruano y a la jurisdicción de las cortes de justicia peruanas. Cualquier tenedor está sujeto a los términos de los bonos referidos”.

Perú explicó que ha desarrollado un procedimiento “razonable y transparente” desde 2013, tras una decisión del Tribunal Constitucional, para que los tenedores puedan acogerse a los procedimientos establecidos y actualizar el valor de sus papeles, todo en el ámbito local.

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