VENTANA FISCAL

Fraude fiscal en el ITBMS

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Fraude fiscal en el ITBMS

Osvaldo Lau C.

OPINIÓN

La defraudación fiscal es un delito que se comete contra todos, pues se le está robando al Estado, que somos todos los demás contribuyentes. Y sus sanciones son de orden económico o de arresto.

En el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y a la Prestación de Servicios (ITBMS) existen derechos y obligaciones que merecen ser observados por los dos actores del juego, principalmente por la parte pasiva (los contribuyentes) pues el incumplimiento deriva en defraudación fiscal.

Siendo la parte activa de la relación fisco-contribuyente, el fisco tiene el derecho y la obligación de aplicar justa y correctamente las leyes relativas al ITBMS, de fiscalizar su fiel cumplimiento y de aplicar las sanciones que correspondan.

Todo ello al amparo de las disposiciones tributarias del Código Fiscal. Su brazo ejecutor, la Dirección General de Ingresos (DGI), aunque no dispone de la fuerza laboral calificada en cantidad necesaria, cuenta con la tecnología como herramienta de fiscalización y la información cruzada suministrada por otros contribuyentes que le permite actuar con la contundencia que a muchos le dolerá haberse quedado con un impuesto ajeno.

El riesgo de caer en defraudación fiscal al no remitir al Tesoro Nacional el ITBMS que se ha cobrado tiene su origen en un disminuido derecho del fisco que prescribe en tan solo cinco años. Además de ridículo el término, no hay razón alguna para que el Estado pierda el derecho de cobrar un impuesto establecido por ley y que no es ni puede ser una utilidad adicional para el contribuyente convertido en agente receptor.

En realidad, las sanciones por defraudación fiscal no asustan a nadie, y para colmo, las continuas noticias sobre la corrupción de los funcionarios del anterior período presidencial solo sirven para aumentar el caldo de la defraudación.

El artículo 1057-V del Código Fiscal–sobre el ITBMS– se encuentra en el parágrafo 20 que trata sobre la defraudación y cuyo menú es el siguiente: 20-1 – el que realice actos o utilice formas impropias o simule actos para la omisión total o parcial del impuesto.

20-2 – el que no documente las transferencias gravadas y el que practique deducciones que no estén debidamente documentadas.

20-3 – el que no registre o registre falsamente las operaciones del ITBMS con el fin de disminuir el pago total o parcial del impuesto.

20-4 – el que habiendo recibido o retenido el ITBMS no lo declare o pague a las autoridades dentro del plazo legal establecido.

20-5 - prestarse como cómplice, padrino o encubridor para hacer algunos de los actos señalados en los numerales anteriores.

Adicionalmente, existen las faltas o contravenciones (parágrafo 21) del siguiente tenor:

21-1 - omitir cualquier requisito legal, como el RUC del vendedor o del comprador, cuando la irregularidad no se traduzca en disminución del pago del impuesto.

21-2 - utilizar documentos o facturas en sus operaciones sin haberse registrado ante la DGI, cuando estuviere obligado a hacerlo.

21-3 - el que presente la declaración fuera del término sin impuesto causado a pagar por efecto de los créditos a su favor.

Resulta curioso, por decir lo menos, que la defraudación fiscal por el ITBMS tiene sanciones económicas (no menos de 5 ni más de 10 veces la suma defraudada) o pena de arresto (de 2 a 5 años), sin perjuicio de las penas accesorias a que se refiere la Ley 25 de 1994, sobre el ejercicio del Comercio y Explotación de Industrias y, en cambio, para las faltas o contravenciones la multa está cuantificada y puede llegar hasta 5 mil dólares en caso de reincidencia, independientemente del cierre administrativo del establecimiento según la falta o contravención.

Finalmente, y no menos importante, es la advertencia sobre la responsabilidad solidaria de los adquirientes por los impuestos dejados de pagar y de las sanciones que tengan lugar por cuenta de los negocios que sean transferidos, aunque la falta o la defraudación por el ITBMS se determine después de la cesión, salvo que en la transferencia se haga constar la existencia del Certificado de Regularidad Tributaria.

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