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Gasto corriente resta espacio a la inversión

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Dulcidio De la Guardia, titular de Economía y Finanzas. Dulcidio De la Guardia, titular de Economía y Finanzas.
Dulcidio De la Guardia, titular de Economía y Finanzas.

El gasto corriente del sector público, es decir, el dinero destinado a las operaciones de las instituciones del Gobierno y el pago de intereses generados por la deuda, ha ganado terreno en los últimos cinco años, restando capacidad en el presupuesto para el gasto de capital o de inversiones necesarias para mejorar la productividad de la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.

Según los reportes del balance fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2013 se destinaron $6 mil 961 millones a gasto operativo del sector público no financiero, cifra que representaba el 63.4% del gasto total, mientras que se invirtieron $4 mil 14 millones, un 36.6% del gasto.

Al cierre de 2017, el gasto corriente creció a $9 mil 565 millones o 71.2% y las inversiones vieron su espacio mermado hasta el 28.8% o $3 mil 870 millones.

Los aportes adicionales generados por la entrada en operaciones del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá en 2017 ($637 millones más) fueron absorbidos íntegramente por el aumento en gasto corriente del sector público no financiero, que aumentó $764 millones.

El presidente del Colegio de Economistas , Olmedo Estrada, dijo que en los últimos años la economía ha generado mayores ingresos corrientes, pero el error ha sido destinarlo a operaciones administrativas más que a inversiones. “Un gasto operativo es un gasto y no se recupera, mientras que la inversión en proyectos genera en el futuro una capitalización para el país”, apuntó.

Tal es el peso que ha adquirido el sector público en la economía, que en 2017, según los datos de la Contraloría General de la República, la actividad que más creció, mayor incluso que el sector de transporte y comunicaciones, donde se incluye la actividad del Canal y los puertos, fue el gobierno general. Así lo explica la propia Contraloría en su informe de crecimiento anual del producto interno bruto (PIB): “El valor añadido que aporta el gobierno general aumentó en 10.3%, al registrar incrementos en las remuneraciones de algunas instituciones públicas, entre ellas, el Ministerio de Gobierno, Seguridad, Educación, Salud y Municipios”.

Consultado al respecto, el director de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Moreira, señaló que las leyes especiales -que obligan a ajustar el salario a determinados grupos de funcionarios- generan aumento en el gasto, “independientemente del número de empleados. Eso se está reflejando en el crecimiento del sector público. En una estructura económica ideal, no debería estar ahí, pero es la realidad nuestra en este momento”.

Si se amplía el rango de visión del radar a los últimos cinco años, los datos son reveladores. Al cierre de 2013, la planilla del sector público era de 209 mil 321 funcionarios, cifra que pasó a 237 mil 876 al cierre del año pasado. La variación es de un 13.6% o 28 mil 555 funcionarios más que hace cinco años. No obstante, el sueldo bruto de la planilla estatal ha pasado de $2 mil 350 millones en 2013 a $3 mil 627 millones en 2017. En cinco años el aumento fue de mil 277 millones de dólares o 54.3%.

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, reconoció en una conversación reciente con este diario que el gasto corriente está creciendo a un ritmo superior que las inversiones y adelantó la estrategia para tratar de contener el gasto operativo.

“El MEF ha tomado medidas para intentar limitar la parte más grande del crecimiento del gasto corriente, que tiene que ver con la compensación de los funcionarios, para asegurarnos de que solo incluimos en el presupuesto los acuerdos con gremios que tienen leyes especiales, como educación, salud y seguridad. En el presupuesto de este 2018 se incluyeron $314 millones de aumento para atender este tipo de ajustes. Hay otro aumento importante: en año preelectoral el Tribunal Electoral tiene que contratar personal para preparar las elecciones; también hay aumentos en el Órgano Judicial por la carrera judicial y el Sistema Penal Acusatorio. Salvo eso, no se han incluido aumentos adicionales, con el objetivo de mitigar el crecimiento del gasto corriente”, añadió. Para Estrada, la solución debe pasar por una contención en el gasto, especialmente en salarios de los funcionarios y en los subsidios. “El renglón de salarios ha registrado un crecimiento exponencial en los últimos años. También hay un gasto elevado en subsidios. Esos son los gastos que están haciendo que el Gobierno utilice más presupuesto para gasto que para inversión”, apuntó.

Consolidación fiscal

La contención del gasto de inversión ha sido la fórmula del MEF para reducir los niveles de déficit fiscales arrastrados desde la pasada administración. En 2014, la diferencia entre ingresos y gastos del sector público superó los mil 500 millones de dólares, cifra equivalente al 3.2% del PIB de ese año. En 2017, el déficit se había reducido a mil 4 millones de dólares, un 1.7%, cumpliendo con el proceso de consolidación establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

En la pasada administración, en pleno ciclo económico creciente, se elevó el gasto de capital, generando un sobrecalentamiento en la economía que se vio reflejado en el aumento de los precios.

Pero esta administración optó por reducir el nivel del gasto de inversión en un entorno de crecimiento desacelerado, lo que ha provocado que las cuentas públicas estén más balanceadas, pero también ha contribuido a extender la sensación de que la economía está peor que antes.

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