extracción a cielo abierto

Gobierno intenta blindar inversión de Minera Panamá

Se calcula que el proyecto de Cobre Panamá generaría exportaciones por $2 mil millones al año. Organizaciones critican la ratificación de un contrato ley sin ningún cambio con respecto al original.

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En el documento enviado a la Asamblea Nacional, el MICI cataloga al proyecto de cobre como de utilidad pública y de interés social. Gremios ambientales rechazan la jugada del Gobierno. Archivo En el documento enviado a la Asamblea Nacional, el MICI cataloga al proyecto de cobre como de utilidad pública y de interés social. Gremios ambientales rechazan la jugada del Gobierno. Archivo
En el documento enviado a la Asamblea Nacional, el MICI cataloga al proyecto de cobre como de utilidad pública y de interés social. Gremios ambientales rechazan la jugada del Gobierno. Archivo

Antes de salir del Palacio de las Garzas, el gobierno de Juan Carlos Varela espera proteger la inversión de 6 mil 300 millones de dólares que ha realizado Minera Panamá en el proyecto de Cobre en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

El presidente visitó la mina a inicio de febrero para presenciar la prueba de los molinos que triturarán la piedra y darle el empuje político a una actividad económica, cuyo contrato había sido calificado como inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

Y hace dos días, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) pidió a la Asamblea Nacional la ratificación del contrato ley que estableció la concesión minera a Petaquilla Minerals en 1997 y que después de un proceso de ventas, quedó en manos de First Quantum, dueña de Minera Panamá.

La empresa está en proceso de prueba de sus equipos y en la segunda mitad del año espera iniciar las exportaciones de cobre.

La solicitud del MICI ante la Asamblea Nacional intenta despejar las posibles dudas sobre la legalidad de las operaciones de la minera. Se trata de una ratificación de su contrato, porque es idéntico al pacto que actualmente regula la extracción de cobre. ¿Por qué estiman necesario dar este paso?

En septiembre de 2018, el pleno de la  Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A. para extraer oro y cobre en las montañas de Donoso.

El pleno de la CSJ consideró que la Asamblea no hizo el escrutinio debido al pactar las concesiones mineras, puesto que para elaborar el contrato de concesión no se tomaron en cuenta las regulaciones que regían el tema, como el Decreto de Gabinete 267 de 1969, así como la Ley 56 de 1995, que regula las contrataciones públicas.

El MICI indica que el Decreto de Gabinete 267 de 1969 que utilizó la CSJ para declarar inconstitucional el contrato fue derogado cuando se aprobó la concesión minera a favor de Petaquilla Minerals.

En su argumento para declarar inconstitucional el contrato de 1997, la CSJ indicó que el contrato era “ajeno al bienestar social y al interés público” y que no seguía los lineamientos de contratación pública.

El Gobierno, por su lado, argumenta que la mina de cobre es un proyecto de “utilidad pública y de interés social”.

E n el primer año de operación se prevé que la mina tendrá la capacidad de producir 220 mil toneladas de concentrado de cobre, cantidad que subiría a 300 mil toneladas una vez todos los equipos del proyecto, que tiene un avance global de 85%, estén operando.

Rechazo

La presentación del contrato ley promovido por el MICI ha generado rechazo por parte de organizaciones ambientales.

A juicio de Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, esta acción se trata de un exabrupto jurídico.

“El asunto es claro, si la ley es inconstitucional por lo tanto el contrato es inconstitucional. Estas maquinaciones y manipulaciones obedecen a que hay muchos intereses económicos en juego y buscan con ello encontrar una salida para seguir con el proyecto, a pesar de lo dictaminado por la CSJ”, aportó.

Según Serracín, el Gobierno alega que quiere mandar un mensaje a la comunidad internacional de que en Panamá hay seguridad jurídica de la inversión, pero lo hacen en base a una ilegalidad.

Por su parte, el Centro de Incidencia Ambiental comunicó que es completamente “inadmisible” que el MICI presente un proyecto de ley que prorrogue las actividades del proyecto Cobre Panamá, cuando la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo declarando inconstitucional la Ley 9 de 1997 que aprobó su contrato.

“El propio MICI todavía está esperando una aclaración de sentencia que solicitó para ese fallo y adicionalmente está siendo demandado en la Sala Tercera”, informó el CIAM. La Corte todavía no ha resuelto los recursos que interpuso Minera Panamá y el propio MICI, donde se pide que se aclare el fallo de septiembre de 2018 y de paso que reconsidere su decisión. Para el CIAM, es “desconcertante” que la Asamblea alardee en su sitio web que ese proyecto fue elaborado por el Gabinete “sin haber incorporado ningún cambio al contrato original otorgado mediante la Ley 9 de 1997, dejando intacto todo su contenido”.

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