ENFOQUE

Hidroeléctricas y delitos ambientales

OPINIÓN. Panamá cuenta con una de las mejores legislaciones penales ambientales de la región. Según nuestro ordenamiento jurídico, los instrumentos de gestión ambiental que sirven de guía para la aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental, dentro de los cuales se incluyen los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y otros documentos similares, son todos ellos equivalentes a declaraciones juradas, por las cuales los particulares que realizaron dichos documentos, y/o aquellas empresas o inversionistas que los hayan contratado se hacen responsables jurídicamente del cumplimiento, al pie de la letra, de lo establecido en sus documentos.

Así tenemos que: el Código Penal de la República de Panamá establece en su artículo 414: El promotor o el concesionario que incumpla los estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo ambiental, planes de manejo ambiental, planes de manejo forestal, inventarios forestales u otros documentos de naturaleza similar aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente, o la resolución que los aprueba, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Cuando del incumplimiento se produzcan graves daños a la salud humana o al ambiente o a alguno de sus componentes, o a las actividades económicas, la sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad.

Así, si en el estudio de impacto ambiental de un proyecto hidroeléctrico, se establece que la empresa construirá una subestación para la transmisión de la electricidad generada por su proyecto, e incumple con dicho compromiso, y el mismo es realizado por el Estado, se evidencia entonces una omisión o incumplimiento sustancial, ya que seguramente una autoridad evaluadora responsable no aprobaría un proyecto privado, que solo se hace rentable, si el Estado realiza una obra de infraestructura, de decenas de millones de dólares, para hacerlo viable.

El comportamiento del Ministerio Público y del Ministerio de Ambiente en los próximos meses, en lo concerniente a los aspectos vinculados a los incumplimientos e irregularidades de los proyectos hidroeléctricos, revelará si efectivamente la ley penal se aplica igual para todos, o si es letra muerta en lo que respecta a la hacienda pública y a los ecosistemas de Panamá.

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