finanzas públicas

Humbert y Cortés difieren por bonificación a funcionarios

El contralor considera ‘inaceptable’ que Cortés haya recibido un bono de $36 mil ‘en un país pobre’. El director de Ingresos dice que está reconocido por ley.

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Ingresos tributarios crecieron $522 millones en 2017. Ingresos tributarios crecieron $522 millones en 2017.
Ingresos tributarios crecieron $522 millones en 2017.

El contralor general de la República, Federico Humbert, y el director general de Ingresos, Publio Cortés, se enfrentaron ayer públicamente por las bonificaciones que reciben algunos trabajadores del sector público.

Humbert dijo en la mañana que “es inaceptable que el director general de Ingresos reciba un bono de 36 mil dólares”. También cuestionó que el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá reciba un aguinaldo de $7 mil.

“En un país pobre como el nuestro, donde cualquier funcionario recibe un bono de $100 y un jamón, se está dando a uno $7 mil y a otro $36 mil”, enfatizó Humbert.

Cortés respondió en un principio con un breve mensaje en Twitter: “El Sr. contralor general de la República ha cometido un error”.

Más tarde publicó un extenso comunicado en el que sostuvo que los incentivos en las administraciones tributarias son habituales en varios territorios del mundo, entre los que citó Estados Unidos, España, Canadá, Chile, Brasil, Colombia y Perú, donde está constituida como una práctica de estímulo a la recaudación.

Cortés añadió que la bonificación está reconocida por la Ley 31 de 1991 y corresponde al 1% de los excedentes en la recaudación de ingresos tributarios de un año respecto del anterior.

La recaudación del año 2016 marcó un récord y los ingresos tributarios aumentaron $522 millones, motivo por el cual la bonificación a los funcionarios alcanzó “niveles significativos”, según Cortés, que señaló que el incentivo fue refrendado por el propio contralor. “No entendemos por qué motivo el Sr. contralor, luego de haber refrendado y pagado el incentivo a los trabajadores de la DGI correspondiente a los años 2015 y 2016, ahora hace comentarios contrarios a sus propios actos y pone en duda la legitimidad y transparencia del proceso”.

Por su parte, el contralor dijo que su función es “proteger los fondos del Estado” y que demandaría la ley.

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