Nuevo régimen de contratación

Idaan, excluido para utilizar APPs

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El pasado miércoles 4 de septiembre se aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 12, que crea el régimen de APPs. Hay facciones de la Asamblea y del Ejecutivo que estarían de acuerdo en devolver el texto a esta instancia para modificarlo. Luis García El pasado miércoles 4 de septiembre se aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 12, que crea el régimen de APPs. Hay facciones de la Asamblea y del Ejecutivo que estarían de acuerdo en devolver el texto a esta instancia para modificarlo. Luis García
El pasado miércoles 4 de septiembre se aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 12, que crea el régimen de APPs. Hay facciones de la Asamblea y del Ejecutivo que estarían de acuerdo en devolver el texto a esta instancia para modificarlo. Luis García

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) no podrá recurrir a la figura de las asociaciones público privadas (APPs) para ejecutar sus proyectos.

En el segundo debate celebrado en la Asamblea Nacional, el Idaan fue incorporado en la lista de entidades y actividades excluidas del ámbito de aplicación del proyecto de ley 12.

Las otras entidades que comparten esta condición son la Autoridad del Canal de Panamá, la Caja de Seguro Social, el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Banco Hipotecario Nacional, el Instituto de Seguro Agropecuario, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos, así como los servicios de seguridad pública, salud médica, educación y la extracción de minerales metálicos.

Aunque el Ejecutivo ha señalado en varias ocasiones que una APP no supone la privatización de los bienes o servicios estatales, durante el segundo debate algunos diputados mostraron preocupación por una eventual privatización del Idaan.

En el tema de la inhabilitación y la incapacidad para contratar, el proyecto se remite a la Ley de Contrataciones Públicas para que los criterios sean uniformes.

Uno de ellos fue Rony Araúz, de Cambio Democrático, que declaró que se propondría incorporar de manera específica al Idaan entre las entidades excluidas, iniciativa que fue secundada por el pleno.

Inhabilitación de empresas condenadas

La exclusión del Idaan fue uno de los cambios aprobados durante el segundo debate del pasado miércoles 4 de septiembre. Mucho revuelo causó la modificación en segundo debate del artículo 67 de la ley, sobre la inhabilitación de empresas.

En el primer debate se incorporó la inhabilitación a personas naturales o empresas condenadas o que hayan admitido y firmado acuerdos de colaboración judicial donde confiesan delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o terrorismo, entre otros.

En el segundo debate se modificó la redacción y no aparece de manera específica la inhabilitación para personas o empresas que hayan sido condenadas o pactado acuerdos de colaboración. No obstante, se hace una referencia a la Ley de Contrataciones Públicas. “Aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentren inhabilitadas para contratar con el Estado conforme a lo dispuesto en la Ley 22 de 2006, según la misma sea modificada de tiempo en tiempo, no podrán participar en licitaciones para proyectos de APP mientras dure dicha inhabilitación”, reza el texto.

Fuentes jurídicas y de la Asamblea Nacional consultadas por este diario explicaron que la Ley 22 aplica de manera supletoria a la ley de las APPs en varios aspectos.

Uno de ellos es la incapacidad legal para contratar. En la Ley 22 vigente ya existe la incapacidad para contratar a empresas y personas condenadas en sentencia definitiva por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o terrorismo.

Por lo tanto, el texto aprobado en segundo debate de la ley de APP, si terminase siendo el definitivo, “no va a permitir que empresas condenadas por estos delitos contraten con el Estado, sino que te refiere a la Ley 22 y esta ley ya lo prohíbe”, explicó una de las fuentes.

La intención de referirse a la Ley 22 es tener una política uniforme sobre la inhabilitación (que surge cuando una entidad rescinde el contrato a una empresa por incumplimiento) e incapacidad legal para contratar con el Estado. Así, no se estaría mandando el mensaje de que hay distintas reglas del juego para diferentes tipos de contrataciones.

La Ley 22 de 2006 será objeto de una modificación promovida por el Ejecutivo. La propuesta aprobada en el Consejo de Gabinete incorpora entre las causas que impedirían a una empresa contratar con el Estado la inhabilitación producto de un acuerdo de colaboración judicial en el que se reconozca la comisión de los delitos contra la administración pública, el blanqueo de capitales, terrorismo o contra el patrimonio económico. Lo que finalmente surja en este sentido en el futuro debate de la reforma a la Ley 22 será también de aplicación en el régimen de APPs.

La Asamblea en el ente rector de las APPs

En el segundo debate del proyecto de ley 12 también se aprobó la incorporación de un miembro de la Asamblea Nacional al ente rector de las APPs, una suerte de junta directiva y máxima entidad para la toma de decisiones sobre los proyectos a ejecutar con este modelo.

Según el texto original presentado por el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, el ente rector estaría compuesto por cinco ministros y el contralor general de la República, que solo tendría derecho a voz. El ente será presidido por el Ministro de Presidencia.

En el segundo debate se incorporó un séptimo integrante, el sexto con derecho a voto, que sería designado por la Asamblea Nacional.

No obstante, según el artículo 163 de la Constitución Política, la Asamblea Nacional tiene prohibido “inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la privativa competencia de los otros Órganos del Estado”.

El ente rector podría tomar decisiones que se plasmen en resoluciones y, por lo tanto, según algunas interpretaciones, la Asamblea se estaría inmiscuyendo en decisiones propias del Órgano Ejecutivo. Una fuente conocedora del debate en la Asamblea comentó que se correría el riesgo de que un proponente descontento con una decisión del ente rector eleve una demanda o advertencia de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, lo que podría afectar al proyecto que se esté licitando y al marco que ampara el régimen de APPs.

Se espera que esta semana se retome la discusión con el tercer debate, en el que ya no se podrían hacer cambios al texto, pero las discrepancias a lo interno de la Asamblea sobre algunos de los cambios aprobados la semana pasada podrían derivar en que el proyecto sea bajado a segundo debate para introducir nuevas modificaciones, una posición que sería compartida por el Ejecutivo.

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