Agenda educativa, financiera y laboral

Inclusión y equidad, la exigencia mundial

Se espera que los países reporten avances en el compromiso adquirido en 2014 para reducir la brecha en la participación laboral en 25% para 2025.

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Malala Yousafzai, activista pakistaní, recordó que 130 millones de niñas en el mundo no tienen acceso a la educación. Malala Yousafzai, activista pakistaní, recordó que 130 millones de niñas en el mundo no tienen acceso a la educación.
Malala Yousafzai, activista pakistaní, recordó que 130 millones de niñas en el mundo no tienen acceso a la educación. Roberto Gonzaléz

El grupo Women 20 (W20), organización próxima al G-20 que promueve la equidad de género, entregó ayer al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, un paquete de acciones para reducir la brecha de género entre hombres y mujeres.

La propuesta contempla medidas en el sector laboral, en el mundo digital, en la inclusión financiera, en educación y para eliminar la violencia contra las mujeres, entre otras.

Japón ostenta este año la presidencia del G-20, el grupo que reúne a las principales economías desarrolladas y en vías de desarrollo del mundo y el primer ministro Abe se comprometió a llevar el debate del empoderamiento de la mujer a la próxima reunión del grupo, que se celebrará en Osaka en junio.

Abe, cuya política para revitalizar la economía de Japón se denominó “Abenomics”, habla de las “womenomics” para destacar la incorporación de la mujer como un factor fundamental en el crecimiento económico sostenible de los países. Además de ser un derecho humano, la mayor participación de la mujer en el mercado laboral genera un beneficio económico para los países.

“La diversidad permite aprovechar el potencial de mujeres, que es importante para resolver problemas sociales y conducir a un crecimiento económico con vigor”, señaló el primer ministro nipón durante la inauguración de la V Asamblea Mundial de Mujeres (WAW!), que comenzó ayer en Tokio, Japón.

La reducción de la brecha entre hombres y mujeres se debe afrontar desde varios terrenos. Uno de ellos es el acceso a la educación. Esta idea está en el centro del discurso de Malala Yousafzai, joven activista pakistaní que sobrevivió en 2012 al ataque de un talibán que le disparó en la cabeza por defender públicamente el derecho de las niñas a ir a la escuela.

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Inclusión y equidad, la exigencia mundial

Recuperada del atentado, creó una fundación que lleva su nombre para promover la educación entre las niñas. Su historia y su lucha en favor de los derechos humanos la llevaron a convertirse en 2014, con apenas 17 años, en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz.

Ayer, como invitada principal a la asamblea WAW!, recordó que todavía 130 millones de niñas en el mundo no tienen acceso a la educación e instó a los líderes mundiales a elevar la inversión en la educación. “Estamos muy por debajo de la inversión necesaria”, destacó antes de referirse a un estudio del Banco Mundial de 2018 que señaló que la limitación de oportunidades de acceso a la educación para las niñas y las dificultades para completar 12 años de educación le cuestan a los países entre $15 millones de millones y $30 millones de millones.

Acciones propuestas

El W20 espera que los países reporten el nivel de avance en el compromiso adquirido en 2014 para reducir la brecha en la participación laboral en un 25% para el año 2025. Propone también que se eliminen las barreras sociales y legales en el mercado laboral y se provean soluciones para lograr la igualdad de género. Por ejemplo, en la disparidad salarial entre hombres y mujeres cuando ejercen una función similar.

Piden también a los gobiernos que inviertan en infraestructuras para el cuidado de los niños y los ancianos, con el objetivo de que las madres tengan facilidades para mantenerse en el mercado laboral, y que se establezca la licencia de paternidad obligatoria, para que los padres compartan la responsabilidad en el cuidado de los hijos.

En ese sentido, la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, que participó en uno de los paneles en la jornada de ayer, recordó las dificultades que tuvo el Gobierno en Panamá para aprobar una licencia de paternidad de tres días, un periodo corto si se compara con otros países.

En el centro del debate está también la imposición de cuotas por ley para promover la incorporación de la mujer en el mercado laboral o en política.

Panamá aprobó en 2017 una ley que obliga a las empresas estatales y a las entidades financieras reguladas a tener un 30% de mujeres en sus juntas directivas para el año 2020.

De Saint Malo de Alvarado dijo que las cuotas son necesarias para acelerar la reducción de la brecha y explicó que en Panamá las mujeres por muchos años han tenido mayor representación que los hombres entre la población universitaria y que se insertan en el mercado laboral, pero en cambio cuando se miran las posiciones gerenciales y de junta directiva, su participación se reduce drásticamente, algo que no sucede, a su juicio, por falta de preparación.

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