INSTITUCIONALIDAD

Independencia financiera, clave para el Canal: Quijano

Gremios empresariales y organizaciones rechazaron la modificación que hizo la Comisión de Presupuesto de la Asamblea al presupuesto del Canal.

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El tercer juego de esclusas se construyó con un presupuesto de $5 mil 250 millones, de los cuales $2 mil 300 millones fueron con préstamos que aún no se han pagado. El tercer juego de esclusas se construyó con un presupuesto de $5 mil 250 millones, de los cuales $2 mil 300 millones fueron con préstamos que aún no se han pagado.
El tercer juego de esclusas se construyó con un presupuesto de $5 mil 250 millones, de los cuales $2 mil 300 millones fueron con préstamos que aún no se han pagado. Archivo

La independencia financiera del Canal respecto del presupuesto del Gobierno ha sido clave para mantener la calificación de riesgo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), afirmó ayer el administrador, Jorge Luis Quijano.

El pasado lunes, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional modificó el presupuesto del Canal para la vigencia 2018, luego de una propuesta encabezada por el diputado panameñista Luis Barría.

En una acción sin precedentes, los comisionados reformularon el presupuesto del Canal para la vigencia fiscal que comienza el 1 de octubre de 2017 y culmina el 30 de septiembre de 2018, reduciendo partidas de operaciones del Canal por $141 millones para pasar este monto a los aportes al Estado.

El entuerto fue corregido ayer tras una decisión de las bancadas del Órgano Legislativo de devolver el proyecto a primer debate para hacer las correcciones y aprobarlo nuevamente con el texto original presentado por la ACP.

“Vemos como un exabrupto la modificación del presupuesto presentado por la ACP, que fue elaborado durante varios meses por parte de técnicos y especialistas”.

Inocencio Galindo De Obarrio Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

“Nuestra calificación de riesgo está enmarcada dentro de la capacidad de que el Canal mantenga su independencia financiera del resto del Gobierno”, afirmó Quijano.

Las agencias de calificación Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s (S&P) dieron a conocer recientemente su evaluación sobre el perfil crediticio del Canal. Fitch indicó que la calificación de riesgo de la entidad que administra el Canal es A y por lo tanto supera la nota que asigna al país (BBB).

El 8 de septiembre, la agencia Moody’s también ratificó al Canal en A2; mientras que Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, confirmó en julio la calificación de la ACP en A-.

Quijano explicó que en todas las calificaciones que han hecho las agencias resaltan que el Canal es financieramente independiente y que hace un presupuesto justo.

Reiteró que las agencias siempre reconocen que sí se deben pagar los excedentes del tonelaje al Estado, pero el Canal siempre hace ese proceso, viendo sus necesidades primero para llevar adelante una efectiva labor que permita seguir trayendo más tonelaje.

RECHAZO

Distintas agrupaciones y organizaciones del país cuestionaron la decisión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea de modificar el presupuesto del Canal, pese a que la Constitución de la República solo establece que se debe examinar, aprobar o rechazar, es decir, no permite que se hagan cambios.

“Este es un precedente nefasto”, manifestó el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Julio De La Lastra.

El dirigente del gremio marítimo, que tiene afiliadas más de 200 empresas del sector, recordó que el gran éxito que ha tenido la ACP a lo largo de los años es en parte por el título constitucional que ostenta.

“No podemos inmiscuirnos en temas operacionales de la ACP, ya que podemos atentar contra la seguridad de la vía acuática”, dijo.

El Colegio Nacional de Abogados también expresó, a través de un comunicado, que lo actuado por la Asamblea Nacional se aparta de lo taxativamente establecido en el texto constitucional y agregó que “si el sentir de la Asamblea es que el presupuesto tal y como fue presentado no debe ser aprobado, entonces debe rechazarlo y dar las razones en que se sustenta y los cambios que considere deben hacerle”.

Añadió que las autoridades están llamadas a respetar el orden constitucional referido al Canal de Panamá.

Una posición similar adoptó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura frente a lo actuado por los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea al señalar que se crea un mal precedente al imponer mayores aportes del Canal al Tesoro para obras públicas, realizando recortes a otros renglones comprometidos por la Autoridad y el país.

Por su parte,  Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo un llamado enérgico a la Asamblea Nacional y le solicitó que cumplan con su función, respetando el Artículo 320 de la Constitución Política, el cual protege la autonomía del Canal de Panamá. 

“Aprobar un presupuesto para el Canal de Panamá, distinto al presentado por su Junta Directiva y aprobado por el Consejo de Gabinete, crea un funesto precedente para nuestra maltrecha institucionalidad”, enfatizó Héctor Cotes, presidente de Apede.

Asimismo, el gremio también se refirió al tema del sistema de justicia y a la corrupción que ha hecho estragos en el erario, en la confianza que tienen los panameños en sus instituciones y en los sueños y oportunidades de cientos de miles de nuestros compatriotas más vulnerables.  

En este sentido Apede  manifestó que comparte el descontento y la frustración de la ciudadanía ante la persistencia de este flagelo y exige que los desfalcos, sobornos y abusos de poder que hayan realizado funcionarios públicos – sea cual sea la administración en la que ello haya ocurrido – sean castigados con penas severas que reflejen un punto de inflexión en lo que respecta a la tolerancia y consecuencias de actos de corrupción. 

Agregó que la asociación no puede apoyar ni propiciar situaciones que – so pretexto de “hacer justicia” – terminen convirtiéndose en búsquedas de chivos expiatorios o, aún peor, ejercicios de abuso de autoridad por quienes están llamados a cumplir y hacer cumplir la ley.  Las normas procesales establecen plazos y términos claros a los cuales se debe apegar de manera estricta cualquier funcionario público encargado de investigar, procesar y enjuiciar a un imputado.  

  

Para Cotes expresó que “es imperativo también dirigir un  llamado de atención a la Corte Suprema de Justicia. Flaco favor hace a su nombre y a su credibilidad si insiste en producir, frente a casos similares, resultados diametralmente opuestos. Esto aunado a las notorias y reiteradas sentencias de cuestionable sustento jurídico, manejo y transparencia que ha emitido la Corte en lustros recientes, no es sorpresa que la confianza ciudadana en dicha corporación de justicia sea casi inexistente, por ello, los cuestionamientos en los fallos emitidos recientemente”. 

 

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