consumidores reprueban el veto presidencial

Inmobiliarias, sin regulación

Una norma aprobada por la Asamblea para limitar los abusos en el sector de bienes raíces fue vetada por el presidente Ricardo Martinelli.

El presidente Ricardo Martinelli vetó parcialmente el proyecto de ley 421, que introdujo una serie de exigencias a los promotores inmobiliarios con el objetivo de limitar los abusos que proliferan en este sector.

En una carta con fecha del 11 de abril dirigida al presidente de la Asamblea, Héctor Aparicio, Martinelli asumió la postura de los promotores inmobiliarios, que se habían mostrado en contra de esta regulación.

El proyecto de ley aprobado por la Asamblea exigía a los promotores a consignar una fianza por el monto de los abonos iniciales entregados por sus clientes. De esta forma, los consumidores tendrían la garantía de que si el promotor abandonaba el proyecto podrían recuperar su inversión.

Martinelli, sin embargo, considera que este tema no está regulado claramente y esto “impactaría de una manera negativa al sector de la construcción y posteriormente incidiría sobre el valor final de las viviendas.

También concedía la norma ciertos derechos a los consumidores en lo que se refiere a los plazos de entrega de los proyectos. Si el empresario se demoraba más de seis meses sobre la fecha pactada, y era por causas imputables al promotor, el cliente podría renunciar a su propiedad y recibir su abono inicial sin descuentos.

En este punto Martinelli defendió que “regular en una ley temas que están sujetos a factores cambiantes como el tiempo, que incluso es objeto de un acuerdo de voluntades entre las partes, resulta inconveniente e inoperante”.

Al Presidente tampoco le pareció oportuno el artículo que limitaba a un 2% el aumento que podrían incluir los promotores al precio de las viviendas por el encarecimiento de los materiales. Además, estos deberían demostrarlos ante el Miviot.

En su carta a la Asamblea dijo que “la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) establecerá los parámetros y los procedimientos técnicos para verificar dichos ajustes”.

Pero la acción de la Acodeco, entidad creada en 2006, no ha limitado los abusos inmobiliarios. Al contrario, estos se multiplicaron con el auge en la construcción. Según cifras de la propia entidad, entre mayo de 2006 y febrero de 2012 se presentaron 2 mil 603 quejas contra promotores inmobiliarios.

El presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios, Giovani Fletcher, lamentó que “el Ejecutivo no haya podido soportar la presión que estaban ejerciendo ciertos grupos de promotores inmobiliarios afectados por la creación de un derecho que los consumidores necesitamos en un mercado sometido al desorden”.

En la otra cara de la moneda están los promotores inmobiliarios, que anteriormente habían rechazado la medida porque, aseguraban, encarecería las viviendas al introducir exigencias como la fianza y limitar la posibilidad de elevar los precios por el alza de los materiales de construcción.

Esa misma norma fue la que elevó los intereses preferenciales a las propiedades de hasta 120 mil dólares. En la norma se establecía que los préstamos aprobados antes de la entrada en vigor de la ley mantendrían los tramos preferenciales que fueran establecidos en su momento. El mandatario, sin embargo, cree que “debe establecerse... expresamente que la medida ampare a todos los préstamos hipotecarios preferenciales, que incluso estén en trámite actualmente, teniendo efectos retroactivos”.

´Reducción a los casinos no la propuso el MEF´: De Lima

El veto parcial que hizo el presidente Ricardo Martinelli al proyecto de ley 421 no incluye eliminar la reducción de impuestos que se le otorgó a las salas de máquinas tragamonedas y casinos completos.

En el artículo 9 del texto original se establecía que a partir del primero de abril de 2012, los administradores y operadores de locales donde funcionen máquinas tragamonedas tipo A, pagarían a la Junta de Control de Juegos el 19% de sus ingresos brutos de forma mensual. Mientras que los casinos completos pagarían el 12.5% de sus ingresos brutos y no el 15% que se había previsto para este año en las reformas fiscales de 2009.

Cuando el proyecto de ley fue aprobado en tercer debate, la tasa para las máquinas tipo A se estableció en 18% y la de los casinos en 12%.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, quien presentó el proyecto a la Asamblea Nacional, dijo que esta reducción no estaba estipulada en el texto original. El funcionario alegó que estaba fuera del país cuando se introdujeron estas modificaciones. La Cámara de Comercio solicitó ayer al Presidente que amplíe el veto parcial que realizó a algunos artículos del proyecto de ley para incorporar el artículo que disminuye los impuestos a los casinos.

Alex E. Hernández

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