PROYECTO DE LEY

Instan penalizar delito fiscal

El GAFI establece que los países deben tener penalizados 21 delitos atinentes al lavado de activos, la evasión fiscal y el financiamiento al terrorismo. Hasta la fecha, Panamá ha titulado 20 figuras penales, y solo le falta la de defraudación fiscal.

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Panamá entró en la lista gris del GAFI en 2014 por deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. Alexander Arosemena-LP Panamá entró en la lista gris del GAFI en 2014 por deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. Alexander Arosemena-LP
Panamá entró en la lista gris del GAFI en 2014 por deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. Alexander Arosemena-LP

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió de que si la Asamblea Nacional no aprueba el proyecto de ley 591 que tipifica como delito la defraudación fiscal, Panamá podría entrar el próximo año a la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Si Panamá no pasa la ley de fraude fiscal, las probabilidades de entrar en la lista del GAFI en junio de 2019, son muy altas”, recalcó ayer el titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, en el foro empresarial de Indesa.

La advertencia del funcionario surge en medio de tensiones entre los órganos Ejecutivo y Legislativo. El proyecto de ley fue presentado el 18 de enero de 2018 a la Asamblea Nacional y está en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

Panamá es de uno de los pocos países sin penalizar con pena privativa de la libertad la defraudación fiscal, como uno de los delitos precedente al blanqueo de capitales.

El GAFI, como parte de sus estándares, establece que los países deben tener penalizados un total de 21 delitos atinentes al lavado de activos, la evasión fiscal y el financiamiento al terrorismo .

A la larga lista de delitos, en la que ya figuran actividades relacionadas con el soborno internacional, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, delitos contra el ambiente, delitos de explotación sexual, robo, delitos financieros, peculado y corrupción de servidores públicos, entre otros, solo falta que Panamá incorpore uno: la defraudación fiscal.

“Es importante que la Asamblea Nacional entienda que hay temas que van más allá de las diferencias políticas. Hay que priorizar los intereses nacionales”.

Dulcidio De La Guardia Ministro del MEF

“Toda la estructura que hemos puesto en su lugar para prevenir el lavado y financiamiento del terrorismo puede ser permeada por no tener incluido como delito el fraude fiscal... Es un debate que Panamá tiene que enfrentar y la Asamblea Nacional tiene que decidir”, señaló el ministro de Economía.

Para que sea considerado delito penal, la defraudación fiscal en un año debe ser superior a $300 mil.

En ese caso, cuando la  Dirección General de Ingresos (DGI) tenga conocimiento de un caso por defraudación por más de $300 mil, lo pondrá en conocimiento del Tribunal Administrativo Tributario para que haga su propia investigación y finalmente tome la decisión de si debe o no formular una denuncia penal ante el Ministerio Público.

“Si queremos que nuestra economía sea parte importante del entorno global, tenemos que jugar con las reglas del mundo”, aseguró el economista.

En caso de que Panamá vuelva a entrar en una lista de observación o lista gris, se generaría una alerta internacional y el país sería considerado una plaza de alto riesgo, lo cual produciría de nuevo presión por parte de los bancos corresponsales.

“Si el país vuelve a caer en la lista de GAFI, eso va a tener implicaciones directas sobre el sistema financiero panameño y la capacidad de hacer pagos fuera de Panamá y recibir pagos desde el extranjero”, añadió el economista.

Panamá entró en la lista gris del GAFI en 2014, por deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo tras una evaluación efectuada en 2012. Eso provocó que el centro bancario perdiera 74 líneas de corresponsalía con bancos internacionales.

Después de adaptar su marco legal y crear nuevas instituciones para prevenir el blanqueo de capitales, el país salió de la lista gris en febrero de 2016. Desde entonces se han recuperado 72 líneas de corresponsalía, pero ahora surge esta advertencia del MEF, que estaría en manos de los diputados.

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