Asamblea Nacional

Intentan frenar la especulación

En el anteproyecto se plantea la necesidad de contener los elevados precios de productos y servicios ante situaciones de emergencias.

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Si se aprueba el anteproyecto serán sancionados los comercios que tomen ventaja de una situación de emergía con el alza excesiva de precios. Si se aprueba el anteproyecto serán sancionados los comercios que tomen ventaja de una situación de emergía con el alza excesiva de precios.
Si se aprueba el anteproyecto serán sancionados los comercios que tomen ventaja de una situación de emergía con el alza excesiva de precios. Archivo

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional (AN) acogió ayer el anteproyecto de ley 110 por el cual se establecen disposiciones para proteger al consumidor en prácticas de precios de especulación en situaciones de emergencias por desastres naturales, catástrofes o incluso por contaminación.

La iniciativa, presentada por el diputado panameñista Melitón Arrocha, busca proteger al consumidor de aquellas prácticas o conductas “que intenten tomar ventaja” en circunstancias de emergencias, que tengan por efecto una repentina reducción de la oferta de productos o un repentino incremento de la demanda, generando una inesperada y temporal escasez de productos o servicios.

“Sabemos que en momentos de crisis y emergencias puede ser ventajoso elevar el precio de bienes y servicios necesarios. A esta conducta se le conoce como precios de especulación, la cual es ilegal y penalizada en muchas legislaciones de diversos países”, señaló Arrocha.

Asimismo, destacó que la legislación nacional de protección al consumidor y defensa de la competencia no contempla medidas que permitan proteger al consumidor de las prácticas ya mencionadas.

LA PROPUESTA

El artículo 1 de la iniciativa señala que, a efectos de la Ley 45 de 2007 (que dicta normas sobre protección al consumidor y de defensa de la competencia), y durante un estado de emergencia por desastres naturales, catástrofes o contaminación, “se considera una práctica ilícita la venta, el arriendo o la oferta para la venta, de bienes y servicios esenciales, por un monto que exceda desproporcionadamente el precio promedio cobrado durante los 30 días anteriores a la declaración del estado de emergencia, a un bien o servicio idéntico o similar, a menos que el vendedor, establecimiento o agente económico pueda justificar el precio, demostrando aumentos en sus costos de producción y gastos o en las tendencias del mercado, bajo operaciones comerciales normales”.

El documento también especifica que la declaratoria de emergencia será decretada por el Órgano Ejecutivo, mediante resolución motivada, en la que se establecerá el área geográfica de aplicación y la fecha de su duración.

En dicha declaratoria podrá contener una lista exhaustiva de los bienes y servicios esenciales para el consumo o uso como resultado directo de la emergencia.

Melitón señaló, también, que quienes infrinjan las disposiciones de esta normativa, además de las responsabilidades civiles correspondientes, se le aplicarán las multas y sanciones ya establecidas en la Ley 45 de 2007.

De aprobarse esta iniciativa, le corresponderá a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia vigilar por el cumplimiento de todo lo contenido en esta normativa.

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