Italia, entre la austeridad y el gasto

La Corte Suprema del país anuló el 30 de abril una ley de 2011 que impedía los aumentos por inflación en el caso de las jubilaciones más altas.
Matteo Renzi, primer ministro italiano. Matteo Renzi, primer ministro italiano.
Matteo Renzi, primer ministro italiano.

El fantasma de la austeridad sigue acosando al primer ministro italiano Matteo Renzi conforme este trata de sanear las endeudadas finanzas públicas de su país.

Por segunda vez en menos de dos meses, la Corte Constitucional de Italia podría obstaculizar una ley que aprobó un gobierno anterior destinada a limitar el gasto.

Estimaciones de sindicatos y abogados gubernamentales indican que el posible costo de un fallo desfavorable sería de $39 mil 400 millones.

Si bien Renzi logró sortear el primer fallo mediante el pago de solo una parte de las pensiones que se debían a trabajadores jubilados, no se sabe con certeza durante cuánto tiempo podrá seguir eludiendo los fallos, lo que inquieta a los inversores en momentos en que el mercado de bonos declina.

“El gobierno no puede más que limitar el impacto de dictámenes negativos para las finanzas públicas”, dijo Loredana Federico, economista del banco UniCredit SpA en Milán. “A largo plazo, medidas de emergencia tales como un congelamiento de pensiones y salarios deben reemplazarse por una amplia revisión estructural del gasto público”.

El rendimiento del bono a 10 años de referencia en Italia ha aumentado más de 110 puntos básicos respecto del nivel del 12 de marzo, que fue el más bajo de la historia.

La Corte Suprema del país anuló el 30 de abril una ley de 2011 que aprobara el entonces primer ministro Mario Monti, la cual impedía los aumentos por inflación en el caso de las jubilaciones más altas.

Si bien los reclamos de pagos pasados y futuros sumaron $21 mil 430 millones, el gobierno decidió reembolsar solo alrededor de la décima parte a través de un decreto de emergencia que Renzi trató de hacer pasar como “bonificación” a los trabajadores jubilados.

La Corte empezará a debatir el 23 de junio la legitimidad constitucional de la ley de 2010 aprobada durante la gestión del predecesor de Monti, Silvio Berlusconi, que dispuso el congelamiento durante tres años de los sueldos de los empleados públicos.

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