plan de acción pactado con el gafi

Junio de 2015, clave para salir de lista gris

Para agosto de 2015 se debe haber eliminado el periodo de gracia de tres años de la ley de inmovilización de las acciones al portador.

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La Presidencia de la República ha expresado que fortalecer las estructuras contra el lavado de capitales es un tema de Estado, según la Superintendencia de Bancos. La Presidencia de la República ha expresado que fortalecer las estructuras contra el lavado de capitales es un tema de Estado, según la Superintendencia de Bancos.
La Presidencia de la República ha expresado que fortalecer las estructuras contra el lavado de capitales es un tema de Estado, según la Superintendencia de Bancos.

Panamá adecuará el marco legal para fortalecer sus estructuras en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo antes de junio de 2015.

En la hoja de ruta pactada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al término de la pasada administración, a la que tuvo acceso este diario, figura esa fecha como límite para la mayoría de acciones que debe acometer el país en su objetivo de salir de la lista gris a la que ingresó el pasado mes de junio por las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Unos meses después, en concreto en agosto de 2015, el plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) contempla la eliminación de los tres años de gracia incluidos en la Ley 47 de 2013, la norma que crea un régimen de custodia para las acciones al portador. De esta forma, la ley, que entrará en vigor en agosto de 2015 –dos años después de su promulgación– sería de entero cumplimiento en esa misma fecha, y no tres años más tarde como fue aprobado en el articulado original de la norma.

La inmovilización de las acciones al portador es uno de los puntos polémicos que deben afrontar las autoridades para cumplir los compromisos con el GAFI. El sector bancario ha pedido desde hace años que el país se alinee con los requerimientos internacionales de transparencia, mientras que grupos de abogados y representantes de los servicios internacionales alegan que estas medidas socavarán la competitividad del país.

El exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima expresó el pasado mes de mayo en una misiva al GAFI “que la República de Panamá reafirma su completo compromiso al más alto nivel político para enfrentar las deficiencias, incluyendo la implementación del plan de acción”.

Consultadas sobre el nivel de compromiso de la nueva administración, las actuales autoridades del MEF informaron que “Panamá ha asumido una serie de compromisos con GAFI para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y se está preparando para cumplir con todo lo pactado”.

No obstante, el MEF no quiere imponer su política y aspira a que todas las partes implicadas se pongan de acuerdo “conscientes de que es un tema país”. “El sector público y el sector privado están trabajando juntos y existe la voluntad de lograr consensos y avanzar en esta materia”, apuntó el MEF.

Además de la inmovilización de las acciones al portador, el Gobierno debe actualizar antes de mediados de junio la legislación sobre blanqueo de capitales.

Según lo pactado con el GAFI, se tiene que criminalizar el lavado de capitales de acuerdo con los estándares internacionales, tipificar como delito de manera adecuada el financiamiento del terrorismo, tener el marco legal y mecanismos para congelar activos de terroristas, fortalecer la Unidad de Análisis Financiero, tanto desde el punto de vista institucional como en la asignación de recursos humanos y financieros, ampliar la exigencia de reportar operaciones sospechosas a todas las instituciones financieras, incluyendo seguros y reaseguros, cooperativas y casinos, entre otros, así como a determinadas profesiones no financieras como abogados, notarios, contables y comerciantes de piedras y metales preciosos a otras actividades, y mejorar la cooperación internacional en el intercambio de información con unidades de inteligencia de otros países. La lista contiene 24 acciones.

El MEF dijo que las metas establecidas son alcanzables. Con ese objetivo se creó una unidad técnica dentro de la entidad, de la que está a cargo Maruquel Pabón, dedicada exclusivamente a darle seguimiento a todas las acciones necesarias para que el país pueda cumplir satisfactoriamente con los acuerdos establecidos.

Raúl Guizado, vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa de Banco General y primer vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá, dijo ayer que espera que se cumplan esas acciones. “Tengo la esperanza y el convencimiento de que esta administración va a tomar las medidas correctivas para atender esos temas y lograr sacarnos de la lista”. Por su parte, el superintendente de Bancos, Alberto Diamond, señaló que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, le había transmitido “muy claramente que este es un problema de Estado”.

El sector financiero, que ve cómo la inclusión en la lista gris está afectando a la competitividad de la plaza, ha cerrado filas para que el país adopte los estándares internacionales en transparencia fiscal y en la lucha contra el lavado de capitales. En cambio, otros sectores mantienen una oposición frontal a este tipo de iniciativas. Unos y otros deberán encontrar consensos para enfrentar estas situaciones. Para Diamond, es importante “tomar decisiones rápidas” y se requieren acuerdos para los que “necesitamos dosis de sabiduría, balance, comprensión y sacrificios”.

Panamá y las 40 recomendaciones

1

Panamá solo cumple una de las recomendaciones del GAFI en la lucha contra el blanqueo de capitales.

3

Recomendaciones se cumplen ampliamente.

23

Se cumplen parcialmente.

13

No se cumplen.

Corresponsales ponen más presión sobre bancos

La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una circular en la que exige a los bancos estadounidenses que tiene relaciones con entidades en Panamá que hagan una diligencia debida ampliada.

En concreto, pide a las instituciones financieras de su país que se aseguren de que sus programas de debida diligencia sobre las cuentas de corresponsalía mantenidas por instituciones financieras del exterior incluyen políticas y procedimientos diseñados para detectar e informar sobre actividades de lavado de dinero o sobre las sospechas de las mismas, efectuadas a través de cualquier cuenta corresponsal establecida, mantenida, administrada o gestionada en Estados Unidas.

La circular, fechada el pasado 5 de agosto, afecta a Panamá y al resto de países incluidos en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. “Por el hecho de estar en una lista gris, se eleva el nivel de riesgo de hacer negocios”, dijo ayer Raúl Guizado, vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa de Banco General y primer vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá.

Los bancos panameños están siendo cuestionados por sus corresponsales en el exterior, y algunos de los grandes bancos europeos que prestan servicios de corresponsalía a entidades locales también se han preocupado por el devenir de la actividad bancaria en Panamá.

Roberto González Jiménez

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