Cambio de reglas para administrar aeropuerto

Junta directiva, a la medida del Gobierno

Un proyecto contempla que los directivos y gerente del aeropuerto ocupen el cargo hasta por siete años más.

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El gobierno de Ricardo Martinelli podría mantener el control de la junta directiva y la gerencia de Tocumen, S.A. –empresa que administra el principal aeropuerto del país– después de culminada su administración.

Un proyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional por el ministro de Economía y Finanzas –y actual presidente de Tocumen, S.A.–, Frank De Lima, establece que los directores permanecerán en el cargo entre dos y siete años, al igual que el gerente.

El gobierno de Martinelli revierte de esta forma la Ley 71 de noviembre de 2009, aprobada en los albores de su administración, que determinó el “libre nombramiento y remoción” para la mayoría de los directores de la junta directiva.

Esta misma reforma estipuló que el gerente general podía ser suspendido o removido, entre otras causas, “por decisión adoptada por los accionistas”. El 100% de las acciones de Tocumen, S.A. es propiedad del Estado.

Cuando Ricardo Martinelli asumió el poder –en julio de 2009–, la directiva de Tocumen estaba integrada, entre otros, por Gisela Álvarez de Porras, Rubén Blades y Carmen Gisela Vergara, quienes habían ocupado cargos de importancia en el gobierno de Martín Torrijos.

Un mes después, Martinelli nombró a los nuevos miembros de una directiva afín: el nuevo presidente, Frank De Lima, sería flanqueado por Riccardo Francolini, nombrado también en otras empresas públicas; María Fábrega, entonces viceministra de la Presidencia; y Salomón Shamah, administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá.

El cambio radical en la directiva forzó la renuncia de la gerente general Orcila Vega de Constable, quien reconoció que “no podía trabajar con una junta directiva en contra”.

La renovación del gerente de Tocumen ha sido una constante con cada nuevo Gobierno, a pesar de que la Ley 23 de 2003, que regula la administración de los aeropuertos, estableció un período de 10 años para el cargo.

De Constable fue reemplazada por Rafael Flores, que renunció al cargo antes de cumplir su primer año.

El puesto lo ocupó entonces Juan Carlos Pino, un antiguo colaborador del vicepresidente Juan Carlos Varela, que, sin embargo, compartió la visión de Ricardo Martinelli en la administración del aeropuerto después de la ruptura de la alianza del partido gobernante Cambio Democrático y el Partido Panameñista.

Los plazos

En un ejemplo más de su camaleónico discurso, el Gobierno que aprobó en 2009 la libre remoción de los directivos asegura en la exposición de motivos del nuevo proyecto de ley que “se hace necesario proponer esquemas de estabilidad en el cargo de la Gerencia General y de la Junta Directiva”.

Esto sucede, además, a menos de cinco meses para las próximas elecciones presidenciales.

Algunos miembros de la actual junta directiva han manifestado que la ley debería dejar varios cargos, entre ellos el de presidente, para ser designados por la próxima administración. De lo contrario, si de las urnas surge un Presidente de los partidos de oposición, la vida de esta ley sería corta.

Según el proyecto, no obstante, la designación de los nuevos directivos se debe concretar, como máximo, 30 días después de la promulgación de la ley.

El que ocupe el cargo de presidente lo hará por un período de siete años a partir de su nombramiento, es decir que su presencia en la directiva trascendería a la próxima administración presidencial.

Este diario consultó a Frank De Lima si tiene intención de permanecer en el puesto, pero no respondió al cuestionamiento.

Los otros tres directores designados por el Ejecutivo ocuparán sus cargos por seis, cinco y cuatro años. La directiva será completada por tres miembros que saldrán de ternas presentadas por la Asociación de Aerolíneas de Panamá, los concesionarios de los aeropuertos y los trabajadores aeroportuarios. Sus primeros períodos serán, respectivamente, de cuatro, tres y dos años. Vencidos estos plazos, los nuevos directores ejercerán sus cargos por siete años.

El gerente general, por su parte, será también nombrado por el Ejecutivo por un período de siete años.

Un negocio en expansión

Los movimientos en la administración de Tocumen, S.A. se producen cuando la empresa pública está inmersa en un ambicioso programa de ampliación, un proyecto que ejecuta la constructora brasileña Norberto Odebrecht y que podría terminar costando $936.4 millones.

Este proyecto será complementado con la construcción de la ciudad aeropuerto, un centro de negocios, convenciones y hoteles que se proyecta cerca de la terminal. Además, Tocumen, S.A. maneja la administración de los nuevos aeropuertos de David, Río Hato y Colón.

El Gobierno premió así a una administración que ha sido cuestionada por la falta de transparencia, la entrega tardía de sus estados financieros, las contrataciones directas y su exclusión del sector público no financiero.

A pesar de las solicitudes de información de este diario, Tocumen, S.A. solo reveló sus estados financieros cuando fue un requisito para hacer una emisión de bonos.

En la asignación de contratos, las quejas contra Tocumen, S.A. han trascendido las fronteras panameñas, como sucedió en 2012, cuando la empresa Global Exchange dirigió una carta al Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe en la que expresó su consternación por “las graves irregularidades” sucedidas en un acto público en el que participó sin éxito.

El costo del nuevo muelle sur

$936.4

Millones es el monto al que podría ascender la nueva terminal, según el contrato.

$679.4

Millones fue la propuesta con la que Odebrecht se adjudicó el contrato.

$157

Millones se contemplan en ´obras opcionales´, como la tercera pista de aterrizaje.

$100

Millones se incluyeron en los llamados ´costos asociados a Tocumen´.

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