VENTANA FISCAL

La Ley No. 51 legaliza la defraudación

OPINIÓN

La amnistía es un medio para extinguir la responsabilidad penal y hace desaparecer la figura delictiva. Al incursionar por primera vez en el campo fiscal, la amnistía perdona los delitos y limpia cualquier fortuna mal habida legalizando la defraudación. En resumen, la amnistía constituye la vía legal para extinguir cualquier responsabilidad, incluyendo los delitos fiscales. El proyecto de ley número 627 presentado por el Ejecutivo, aun cuando generó opiniones a favor y en contra, por lo menos permitía al fisco recaudar ingresos adicionales al cobrar 25% sobre una base impositiva que se generaría del promedio de los “ingresos gravables declarados en impuesto sobre la renta, en las tres últimas declaraciones juradas de rentas presentadas”. Nuevamente se hizo realidad la frase lapidaria de que sabemos cómo entra un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa pero no sabemos cómo saldrá. La parte medular del proyecto 627 fue modificada por la Ley 51 de 5 de septiembre de 2013, a solicitud de ciertos legisladores que hicieron prevalecer intereses personales y empresariales sobre las necesidades del Estado, y la tarifa de 25% se aplicará sobre una base imponible diferente y reducida, que ahora saldrá del promedio de la renta gravable (no de los ingresos gravables) de las últimas tres declaraciones de renta. El cambio puede producir una reducción de 90% de las expectativas originales. Es importante considerar que la “oportunidad de regularización de los tributos administrados por la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos” (ANIP) se limita al impuesto sobre la renta, no incluye ningún otro impuesto. Cabe decir que quien se acoja a los beneficios de la amnistía que ofrece la Ley 51, que implica una aceptación tácita de haber defraudado anteriormente al fisco en relación con las disposiciones del Impuesto sobre la Renta (ISR), queda expuesto a las posibles consecuencias de otros impuestos, incluyendo el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS). Con una capacidad legislativa extraordinaria, la precitada ley introduce una nueva modalidad al establecer como base imponible para los efectos del ISR el valor que se genera de la suma total de los costos y gastos, en los casos en que el contribuyente haya declarado pérdida en alguno o todos los períodos a considerar para los efectos de la Ley 51. Con ello se contradice abiertamente el texto del artículo 694 del Código Fiscal, el cual señala que “es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente...”. Por otro lado, la misma ley ofrece la oportunidad de presentar la declaración jurada de rentas a quienes no la hayan presentado en todos o algunos de los tres períodos a considerar, pero sin exonerar expresamente la multa contemplada en el artículo 753 del Código Fiscal. Igual ofrece la oportunidad de rectificar las declaraciones presentadas sin operaciones sin hacer alusión a la multa que establece el parágrafo 4 del artículo 710 del mismo código. En ambos casos las nuevas declaraciones de renta tendrán que ser aprobadas previamente por el administrador de la ANIP. Aunque con el tranque fiscal que existe, posiblemente algunas solicitudes no tendrán tiempo para acogerse a la referida ley que solamente concede tres meses. Y quedarán expuestos. En adición, la Ley 51 establece que no serán auditados por la ANIP los contribuyentes que se atrevan a tomar la oportunidad ofrecida, referente al ISR, y siempre que cancelen el monto total del impuesto adicional, que bien puede ser mediante arreglo de pago con el 40% de abono inicial y el resto en un plazo máximo de tres meses. El incumplimiento del arreglo de pago invalida los beneficios de dicha ley y se abren las puertas para las auditorías fiscales. Así como han quedado abiertas las puertas para auditorías de los otros impuestos administrados por la ANIP. Esta historia no ha terminado. Continuará.

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