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regulan nombramientos en el sector de telecomunicaciones

Libre empresa, amenazada

Organismos argumentan que el Gobierno se inmiscuye en terrenos privados utilizando normas que atentan contra la ´Constitución´ nicaragüense.

Una resolución administrativa estatal que deja en manos del Gobierno la potestad de nombrar personal interno en compañías privadas de telecomunicaciones ha desatado la polémica en Nicaragua, donde algunos analistas creen que la libre empresa está amenazada.

A fines de marzo, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), órgano estatal regulador del sector, emitió un acuerdo en el que ordena a las empresas telefónicas y de servicios de internet a someter a su aprobación el nombramiento de directores y gerentes de informática, sistemas y seguridad.

Ese acuerdo es rechazado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), principales del país, con el argumento de que el Gobierno se inmiscuye en terrenos privados usando normas que atentan contra la Constitución nicaragüense y 11 leyes nacionales. “El primer interés del Gobierno es el control sobre la seguridad pública”, dijo a periodistas en su defensa el presidente ejecutivo de Telcor, Orlando Castillo, una vez iniciada la polémica con la patronal.

“¿Cómo no vamos a saber quién es el gerente de informática? Todos sabemos, en el mundo entero, que cualquiera puede escuchar un celular”, alegó Castillo, revelando un temor del Gobierno por la escucha o el espionaje telefónico.

Según el funcionario, con ese acuerdo no pretenden “imponer a ningún gerente” a las compañías Claro y Movistar, que ofrecen el servicio de telefonía móvil e internet en Nicaragua, solo saber si los gerentes de informática y seguridad, entre otros, “son personas idóneas”.

El Cosep, en manos de su presidente, José Adán Aguerri, presentó en estos días un recurso de revisión ante Telcor sobre ese acuerdo y, en caso de no prosperar, adelantó que presentarán su protesta ante el presidente del país, Daniel Ortega, y la Corte Suprema de Justicia.

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