Transparencia financiera

Lista gris de GAFI, un riesgo para la economía

En febrero se reúne la plenaria del GAFI en París. El MEF advierte de la importancia de tener aprobado para ese momento el proyecto de ley que penaliza la evasión fiscal.

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Panamá mejoró su posición ante el GAFI tras las reformas de 2015, pero todavía quedaron temas pendientes, entre ellos la penalización de la evasión fiscal. Archivo - Panamá mejoró su posición ante el GAFI tras las reformas de 2015, pero todavía quedaron temas pendientes, entre ellos la penalización de la evasión fiscal. Archivo -
Panamá mejoró su posición ante el GAFI tras las reformas de 2015, pero todavía quedaron temas pendientes, entre ellos la penalización de la evasión fiscal. Archivo -

El eventual regreso de Panamá a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) supone una amenaza para el centro financiero de Panamá y para la economía del país.

Así lo advirtió a este diario el exministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia.

Panamá se expone a ser incluido nuevamente en la lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales si no tipifica la evasión fiscal como delito y como delito precedente de blanqueo de capitales, medidas que se contemplan en el proyecto de ley 591, que está en segundo debate en la Asamblea.

El país ya estuvo en la lista gris del GAFI entre 2014 y 2016, producto de las deficiencias detectadas en una evaluación de 2012 y que no fueron corregidas. La consecuencia fue la pérdida de 74 líneas de corresponsalía por parte de los bancos con operaciones en Panamá.

Tras crear un nuevo marco legal para reforzar la lucha contra la evasión, Panamá salió de la lista gris en febrero de 2016.

En una nueva evaluación efectuada en 2017, el país mejoró la calificación. De las 40 recomendaciones que hace el GAFI para combatir el blanqueo, Panamá cumplió a cabalidad o ampliamente un total de 32. En 2012, solo 4 de las 40 recomendaciones tenían una calificación positiva.

GAFI reconoció la mejoría del país, pero instó a corregir algunas de las deficiencias persistentes. Entre ellas, destaca como prioritaria la tipificación de la defraudación fiscal como delito precedente de blanqueo de capitales, ya que no hacerlo limita las posibilidades de prevención e investigación del delito a nivel local e impide cooperar con otros países.

Por esta y otras deficiencias, vinculadas principalmente a la efectividad del combate contra la evasión, Panamá quedó como país en observación en la plenaria del GAFI de febrero de 2018. Antes, en diciembre de 2017, el brazo latinoamericano del organismo (Gafilat) celebró su plenaria y también incluyó a Panamá en su lista de observación.

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Lista gris de GAFI, un riesgo para la economía

En ambos casos, Panamá tenía un año para mostrar los avances. La próxima plenaria del GAFI se celebrará entre el 17 y el 22 de febrero en París. En esa cita, Gafilat elevará un informe sobre la evolución de Panamá.

Además de la ausencia del delito fiscal, Panamá también tiene deficiencias en los plazos de entrega de reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. Esta falla también se resolvería con el proyecto de ley 591.

Las dos recomendaciones son catalogadas como importantes por el GAFI, y Panamá no habría mostrado mayor avance para resolverlas en un año.

Raúl Gasteazoro, secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, señaló que si en febrero no se han aprobado estos cambios al marco legal, “van a revisar el caso y van a hacer recomendaciones a la plenaria de junio para definir si se incluye al país en el proceso intensificado de seguimiento por tener un régimen de prevención de blanqueo de capitales inadecuado”, es decir, para entrar en la lista gris.

Por el contrario, si el proyecto de ley se aprueba, “nos permite comenzar a cabildear y a mostrar a los diferentes países los avances en anticipación al pleno”.

Gasteazoro señaló además que cuanto más tiempo pasa, más se puede complicar el escenario, porque en el futuro pueden cambiar las recomendaciones o la metodología de revisión.

Para De La Guardia, los cambios que se introdujeron al proyecto de ley 591 en primer debate, que redujeron las penas propuestas originalmente, “le deben dar suficiente tranquilidad al sector privado para que sea aprobado y se elimine la preocupación de algunas personas de que se utilice la ley como herramienta de ataque político”.

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