MEF: ‘No hay deuda por decimotercer mes’

Una ley de 1983 determinó que los fondos retenidos a los trabajadores se destinarían al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.
Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía, ha pedido el veto presidencial al proyecto de ley 92. Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía, ha pedido el veto presidencial al proyecto de ley 92.
Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía, ha pedido el veto presidencial al proyecto de ley 92. Archivo

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, aseguró que no existe una deuda con los trabajadores de los sectores público y privado por la segunda partida del decimotercer mes retenida entre 1972 y 1983.

El titular de Economía y Finanzas señaló que la Ley 17 de 1983 determinó que esos fondos se destinarían a fortalecer el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social.

Esos dineros que reclaman los jubilados no se deben. Esto lo advertimos en la Asamblea Nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas puso sus objeciones por escrito”, apuntó el ministro en una entrevista en TVN.

Fuentes del MEF señalaron a este diario que existe una carta de René Luciani, exdirector de la CSS durante la administración presidencial de Martín Torrijos, que señala que los $131.5 millones retenidos del decimotercer mes fueron utilizados en aumentos de pensiones de los jubilados, principalmente. La oposición de la entidad que rige las finanzas públicas no fue óbice para que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley 92, que ordena el pago a los trabajadores del decimotercer mes retenido entre 1972 y 1983.

De La Guardia ha pedido el veto del presidente de la República a dicho proyecto de ley.

El funcionario advierte que, además de que la ley de 1983 ya determinó el uso de los fondos y que estos ya se gastaron, el proyecto de ley 92 tendría visos de inconstitucionalidad, porque la Asamblea no puede aprobar gastos de ese tipo.

El artículo 163 de la Constitución Política establece como una de las prohibiciones de la Asamblea Nacional “ reconocer a cargo del Tesoro Público indemnizaciones que no hayan sido previamente declaradas por las autoridades competentes y votar partidas para pagar becas, pensiones, jubilaciones, gratificaciones o erogaciones que no hayan sido decretadas conforme a las leyes generales preexistentes”.

Esos fondos supuestamente adeudados, además, no habrían sido contemplados en el presupuesto general del Estado aprobado para 2017.

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