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MEF espera reducir el peso de la deuda

La reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal propuesta elimina el ajuste al déficit y crea un mecanismo para que el FAP aumente su patrimonio.

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El Gobierno quiere inyectar $300 millones a proyectos de obra pública, entre ellos el Saneamiento de la Bahía. El Gobierno quiere inyectar $300 millones a proyectos de obra pública, entre ellos el Saneamiento de la Bahía.
El Gobierno quiere inyectar $300 millones a proyectos de obra pública, entre ellos el Saneamiento de la Bahía. Roberto Cisneros - LP

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta una reducción de la relación entre la deuda y el producto interno bruto (PIB) con los nuevos límites de déficit fiscal planteados en la reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Según sus cálculos, la relación deuda/PIB caerá a 35.9% en 2023 desde el 38.9% de 2018.

El saldo de la deuda -que actualmente es de $24,386.7 millones- seguirá creciendo, pero como también se espera que lo haga el PIB, la relación o el peso de la deuda respecto al tamaño de la economía irá decreciendo, según las proyecciones oficiales.

Un mayor endeudamiento público obliga al pago de más intereses, restando capacidad al gobierno para otro tipo de gastos. De igual forma, cuanto mayor es la economía, más ingresos se generan para hacer frente a esas obligaciones. Es por esto que internacionalmente se utiliza la relación deuda/PIB como uno de los indicadores para calibrar qué tan endeudado está un país.

Nuevo cálculo de déficit

La propuesta, presentada por el MEF a la Asamblea y retirada posteriormente para abrir un periodo de debate técnico, establece un techo de déficit de 1.5% sobre el PIB.

Actualmente, el límite formal es de 0.5%, pero la regla permite que se eleve a través de un ajuste si los aportes del Canal al Estado son inferiores al 3.5% del PIB. Este umbral no se alcanzará debido al ritmo de crecimiento de la economía, generando cada año más espacio para elevar el gasto. La reforma propone la desaparición del ajuste y, por tanto, de la posibilidad de endeudamiento superior si los aportes del Canal no llegan a cierto nivel.

Permitirá también que aumenten los activos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), ya que los rendimientos generados serán reinvertidos en el fondo y no traspasados al Tesoro, como ocurre actualmente.

Solo con esta medida, el patrimonio del FAP pasaría de $1,334 millones en 2019 a $1,619 millones en 2023. También se reducirá de 3.5% a 2.5% el umbral a partir del cual los aportes del Canal se destinarán al fondo, haciendo más factible que eventualmente los dividendos de la vía acuática generen algo de ahorro para el país.

El crecimiento del FAP contribuiría a reducir la relación deuda neta/PIB, ya que esta se calcula restando al total de la deuda los ahorros del fondo soberano. Este indicador pasará de 36.9% en 2018 a 34.2% en 2023. Sin la reforma, las proyecciones también apuntan a una disminución de la deuda neta, pero a un ritmo inferior, llegando en 2023 a 34.8% del PIB.

Agencias de calificación de riesgo y organismos internacionales han cuestionado por poco realista el umbral de 3.5% y el ajuste permitido al déficit por la ley vigente. Esta semana, analistas de Moody’s valoraron de manera positiva la propuesta de suprimir el ajuste en el cálculo del déficit fiscal, ya que lo hará más simple y transparente.

El mecanismo de ajuste fue introducido legalmente en 2012 y se empezó a utilizar en 2015 por la actual administración, algo que no podrán hacer sus sucesores si se aprueba la reforma.

Las agencias han señalado que Panamá debe mostrar un mayor apego a los límites de la ley, ya que han sido modificados en varias ocasiones en el pasado.

Como parte de esta reforma legal propuesta, el MEF solicita a la Asamblea una dispensa de $300 millones en adición al límite de 1.5% de déficit, que se destinarían a inyectar capital a proyectos de inversión pública para compensar el rezago provocado por la huelga de la construcción de abril y mayo. De ser aprobada la dispensa, se volverían a estar cambiando los límites establecidos previamente en la ley, demostrando que su efectividad como herramienta de control del gasto es limitada.

Infografía Expandir Imagen
Infografía LP

Gasto corriente

Desde que retiró la propuesta de la Asamblea, el MEF ha celebrado varias reuniones con gremios y medios de comunicación para explicar el proyecto de ley antes de someterlo de nuevo al Legislativo.

La propuesta incluye un límite al crecimiento del gasto corriente, que no podría ser superior al crecimiento potencial de la economía más la inflación.

El Gobierno intenta detener un fenómeno que ha caracterizado a esta administración: el gasto de funcionamiento aumentó por ajustes salariales establecidos en leyes especiales y por el aumento en la planilla estatal, restando espacio a la inversión pública.

El presidente del Colegio de Economistas, Olmedo Estrada, opinó que este gobierno va a poner un límite en el manejo del presupuesto al siguiente, pero no lo aplicó en su periodo. Para el economista, se debe ajustar el gasto del Gobierno y permitir un déficit como máximo de 1%.

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