Modelo colombiano no sería aplicable en Panamá

Colombia creó el fideicomiso inmobiliario cuando los bancos no financiaban a los promotores. En Panamá, la medida no tendría sentido, según los empresarios.

IMPACTO. En la Acodeco se han registrado quejas contra las inmobiliarias que suman $207 millones en los últimos seis años. LA PRENSA/Eric Batista IMPACTO. En la Acodeco se han registrado quejas contra las inmobiliarias que suman $207 millones en los últimos seis años. LA PRENSA/Eric Batista
IMPACTO. En la Acodeco se han registrado quejas contra las inmobiliarias que suman $207 millones en los últimos seis años. LA PRENSA/Eric Batista

La creación de un fideicomiso que serviría de garantía a los compradores de casas y apartamentos se ha convertido en el tema más espinoso de un proyecto de ley que promueve la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

La idea es crear un fondo con los abonos que hacen los compradores y que el dinero se mantengan intacto en el fideicomiso hasta que la obra muestre avance o alcance cierto nivel de preventa, con lo cual se garantizaría su total ejecución.

Pero, atar de manos a todas las empresas con esta medida no es una opción bien vista por los corredores y promotores de bienes raíces.

La Acodeco sustenta la viabilidad de su propuesta en un modelo exitoso aplicado en Colombia.

Sin embargo, Gastón Regís, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, y Juan Luis Chevalier, vicepresidente de la Asociación de Corredores y Bienes Raíces (Acobir), advierten de que el modelo de fidecomiso que se maneja en Colombia no es aplicable en Panamá.

Manifestaron que la figura de un fideicomiso inmobiliario surgió en Colombia durante la crisis inmobiliaria que registró ese país en la década de 1990, cuando los bancos no podían dar financiamiento.

En ese momento, dijo Regís, en Colombia se estableció el fideicomiso porque se recibían abonos de los compradores sin que el promotor tuviera planos, terrenos, constructores y banqueros definidos.

En Panamá, en cambio, las leyes exigen tener un anteproyecto definido y los terrenos para recibir los abonos de las preventas.

A pesar de estas restricciones, en el país se han reportado varios casos de promotores que cobraron los abonos de los clientes y nunca concretaron sus obras. Algunos devuelven el dinero de forma expedita, mientras que otros demoran el desembolso.

“Creo que es bueno tomar conceptos de otro lado, pero hay que tener cuidado de no matar una industria que es próspera y que trae mucho trabajo. Y por tratar de que no se metan dos malos en el sector matarán a 200 que están creando mucho trabajo y buena vivienda”, afirmó Chevalier.

Regís reiteró que retener los abonos representaría un alza en los costos de las viviendas, ya que que cuando el banco hace efectivo el financiamiento, los promotores han gastado el 30% de la inversión del proyecto, que en parte se origina de los abonos.

“Si no tienen esa ayuda financiera, tendrían que ponerlo de su bolsillo o buscar dinero a través de prestamistas libres con plazos más cortos e intereses más altos”, precisó.

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