Garantía para proteger a los consumidores

Nuevo régimen para el sector inmobiliario

La Acodeco mantiene reuniones con representantes del sector inmobiliario para cuadrar una propuesta que busca velar por los intereses de los consumidores.

No es extraño escuchar historias de promotores que abandonan los proyectos y, en consecuencia, a los consumidores, o que incumplen las garantías una vez que los edificios han sido terminados.

Ante esta realidad, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) plantea crear un fideicomiso ­a través de una ley­ que sería la garantía para ponerle freno a los abusos.

La idea es que los abonos de los compradores se mantengan intactos en el fideicomiso hasta que la obra muestre avance y/o alcance cierto nivel de preventa que garantice su total ejecución.

Todavía no se ha definido el tiempo exacto que los fondos tendrían que permanecer en el fideicomiso.

El alcance de esta medida es debatido entre los círculos empresariales vinculados al tema. Ayer, el administrador de la Acodeco, Pedro Meilán, explicó en términos generales los puntos más importantes de lo que sería un proyecto de ley que se llevaría a la Asamblea Nacional.

El auditorio de Meilán estaba formado por promotores, abogados y constructores reunidos en la Cámara de Comercio e Industrias.

La propuesta forma parte de los cambios que pretende incluir la Acodeco en las reformas a la Ley 45 de 2007, que dicta normas de protección al consumidor. Además de los aspectos relacionados con la garantía y los abonos, estarían incluyendo disposiciones que hacen referencia a los vicios ocultos.

En este último aspecto, lo que se busca es que alguien se haga responsable. Es decir, que cuando se encuentren daños en las construcciones, el promotor, el constructor o la sociedad a través de la cual se financia la obra, se hagan cargo.

No es la primera vez que se propone una medida como esta. Tan solo hace cuatro meses el mandatario Ricardo Martinelli vetó un esquema muy parecido de protección al consumidor que se propuso en la ley que amplió el rango de las viviendas que aplican para el interés preferencial.

Meilán aclaró que esa iniciativa fue vetada en ese entonces porque no fue consultada. Además, plantea como una diferencia que la propuesta anterior le daba la responsabilidad de manejar el fondo a las aseguradoras.

En ese momento, las inmobiliarias cerraron filas y se opusieron al proyecto. Y ahora que se recomienda crear un fideicomiso inmobiliario, los representantes del sector nuevamente se muestran en desacuerdo.

Gastón Regis, presidente de la Cámara de la Construcción, alegó que de aplicarse el modelo se aumentarían los costos a los consumidores, ya que los abonos ayudan a mitigar los costos financieros de la obra.

2,796

quejas recibidas contra las promotoras de mayo de 2006 a junio de 2012.

$207

millones es el monto de las quejas que se han dado en los últimos seis años.

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