concesiones eléctricas

Nuevos contratos de distribución

Las distribuidoras pagaron $300 millones por la concesión en 1998. Se espera que para la segunda concesión el monto sea superior.

Antes de octubre próximo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) debe licitar la venta del 51% de las acciones de las empresas de distribución de energía que actualmente están en manos de Gas Natural Fenosa (Edemet y Edechi) y Ensa.

La condición la establecen los contratos de concesión firmados con las tres empresas de distribución eléctrica el 22 de octubre de 1998, durante la administración del entonces presidente Ernesto Pérez Balladares.

“Un año antes de vencerse el término de 15 años indicado en la cláusula anterior, el ente regulador convocará a un proceso competitivo de libre concurrencia, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 6, para la venta del paquete mayoritario de la empresa titular de la concesión”, dice el capítulo sobre vigencia del contrato de las empresas.

Muy cerca de completarse el período de concesión, los analistas afirman que el sistema eléctrico panameño logró modernizarse debido a las inversiones que han mejorado el servicio a los usuarios.

Cuando se privatizó el Instituto de Recursos Hidroeléctricos (Irhe), la demanda estaba muy cerca de la capacidad instalada del sistema y la institución no contaba con los mil 200 millones de dólares que se requerían para invertir.

La institución tenía más de 4 mil 500 empleados, había una morosidad de 30 millones de dólares y las pérdidas superaban el 22%.

Tras una licitación, las tres empresas distribuidoras pagaron unos 300 millones de dólares en total por la concesión. Y ahora se espera que para la segunda concesión, que debe convocarse en 2012, haya un ofrecimiento mayor contando con las inversiones que se han realizado hasta la fecha.

La Asep informó que “las distribuidoras eléctricas que actualmente operan en el país pueden participar en la licitación que se convocará para competir con el resto de los que aspiren a comprar estas acciones”.

El 51% de las acciones de Ensa, que atiende el este de la ciudad de Panamá, las provincias de Colón, Darién, Guna Yala y las islas del Pacífico, está en manos de la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM). El Estado panameño es dueño del 48.3% de las acciones y el 0.7% pertenece a los antiguos empleados del Irhe.

En el caso de Gas Natural Fenosa, esta empresa es la filial panameña del grupo español Gas Natural Fenosa, propietario del 51% de las acciones, mientras que el 49% restante le pertenece al Estado panameño.

El Gobierno ya ha estado preparando el terreno para la licitación.

La Fundación Universidad Nacional de San Juan y el Consorcio Inverlink-ME.VV&GM fueron seleccionadas por la Asep para brindarle asesoría en la venta de las acciones de las empresas de distribución eléctrica.

Los contratos de estas dos empresas están pendientes de refrendo por la Contraloría, informó la Asep, pero según la entidad reguladora se está a tiempo para que las compañías realicen el estudio y se convoque a la licitación.

Ciertamente quedan seis meses para que se cumpla el término de llamar al acto público, pero la Asep había informado en 2010 que la consultoría que desarrollarían las empresas asesoras demoraría 18 meses y debía haber comenzado en julio de 2011.

Parte del trabajo que se debe realizar es conocer cuál es el valor de los activos de las empresas de distribución.

Expertos relacionados con el sector consideran que esta es la oportunidad para que el Estado, a través de la entidad reguladora, realice cambios en el sistema de distribución y comercialización de la energía eléctrica.

Uno de los aspectos que se tratará de incluir en los nuevos contratos es la ampliación de la cobertura de distribución de energía en las provincias de Bocas del Toro y Darién, zonas que han estado aisladas de la red eléctrica nacional, pese a que ambas provincias tienen muy cerca las dos hidroeléctricas más grandes del país.

Casi 15 años de privatización

En 1997 se diseñó una reestructuración del sistema eléctrico panameño, con lo cual desapareció el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (Irhe).

El nuevo enfoque separó las operaciones en tres sectores: generación, transmisión y distribución. Se abrió la oportunidad para que el sector privado participara en la generación y distribución de energía. La Empresa de Transmisión Eléctrica se dejó 100% estatal y el Estado conservó una parte de las acciones en las empresas de distribución y generación. El sistema requería de inversiones y adecuaciones para poder atender la creciente demanda del sistema, que en ese momento servía a 300 mil clientes en todo el país. Hoy el sistema atiende a 840 mil clientes.

¿Se han logrado los objetivos? Fernando Aramburú Porras, economista y exdirector del desaparecido Irhe, analiza el proceso luego de 15 años.

¿Cuál es su evaluación como autor del proceso de reestructuración del sistema eléctrico?

En primer lugar debo aclararte que esos contratos de concesión eran y son responsabilidad del regulador, hoy Asep, y que nosotros como empresa tuvimos oportunidad de revisarlos también antes de que se firmaran y creo que después de casi 15 años en general han cumplido su cometido.

¿Considera que se deben hacer cambios en los contratos que se firmen con los nuevos concesionarios?

Todo contrato después de 15 años de vigencia puede ser mejorado dada la experiencia vivida, para eso la ley prevé que la Asep debe contratar una asesoría especializada con debida antelación para que los asesore en cuanto a las áreas de cobertura, niveles de servicio exigidos, modelo tarifario y tasa de retorno aceptada.

¿Con una red eléctrica más moderna y subestaciones con tecnología más avanzada que la que tenía el Irhe, se debe ser más riguroso en el servicio que prestan estas empresas?

Sí, indudablemente los sistemas han mejorado significativamente, ya no vemos los apagones de antes todo el tiempo y el nivel de robo de electricidad que tenía el Irhe. Las empresas deben seguir mejorando en su eficiencia y sobre todo en el servicio al usuario, pero hay que tener cuidado con los cambios en los estándares y las áreas concesionadas para que no tengan impacto negativo en los costos y por ende en la tarifa.

¿Cómo observa el trabajo de la Asep como ente regulador?

Ha sido muy perjudicial para la estabilidad de la entidad y sus funcionarios los constantes cambios en la dirección de la Asep. En este gobierno ya vamos en dos, cuando la ley prevé que el período es por 10 años. Se debe respetar y eso es parte de la maduración del sistema político nuestro.

¿Se deben vender las acciones que tiene el Estado en las empresas eléctricas (distribuidoras y generadoras)?

Pienso que las acciones de las empresas deberían ser listadas en la bolsa e iniciar un proceso de venta transparente y en base a un plan estratégico con objetivos claros de democratización del capital y fomento del mercado de capitales, maximizando el ingreso para el Estado. Los fondos que se obtengan deberán ingresarse al Fondo Fiduciario como la ley ordena. En el caso de las generadoras hidroeléctricas, yo mantendría una posición como Estado mínima del 25% hasta tanto exista amplia competencia en el sector.

El consumidor siente que no se le ha rebajado la tarifa, pese a que solo paga entre 8 y 11 centésimos por kilowatts hora, de los 21 centésimos que cuesta, el resto lo subsidia el Estado. ¿Qué se puede hacer?

El consumidor siempre sentirá que la tarifa es alta aunque lo subsidien. Lo que hay que garantizar y promover es mayor competencia en el suministro. Los subsidios indirectos no son buenos porque distorsionan los precios y se prestan al abuso. Mejor compensar directamente a los que lo necesitan y en los montos adecuados.

Wilfredo Jordán S.

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