INVESTIGACIONES

OCDE ve amenazas en la lucha contra la corrupción en Brasil

El país tiene que cesar las amenazas contra la independencia y la capacidad de las autoridades públicas para combatir la corrupción, afirmó el organismo.

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La OCDE advierte de una medida cautelar emitida a pedido de la defensa del senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro. La OCDE advierte de una medida cautelar emitida a pedido de la defensa del senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.
La OCDE advierte de una medida cautelar emitida a pedido de la defensa del senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), un club de países ricos al que Brasil aspira a ingresar, urgió a las autoridades del país sudamericano a poner fin a “las amenazas contra la independencia” de las investigaciones de casos de corrupción.

“Brasil tiene que cesar inmediatamente las amenazas contra la independencia y la capacidad de las autoridades públicas para combatir la corrupción”, afirmó en una nota la OCDE, al cabo de una misión en Brasilia.

El país realizó “esfuerzos significativos en la lucha contra la corrupción”, pero existe la preocupación de que Brasil, debido a recientes acciones de los Poderes Legislativo y Judicial, corra el riesgo de retrocesos respecto a los progresos alcanzados”, indica el documento.

La nota advierte que ello podría “comprometer seriamente la capacidad de Brasil para cumplir con sus obligaciones” en materia de lucha contra la corrupción.

El organismo, con sede en París, enumera los casos que encendieron sus alarmas, entre ellas una medida cautelar del presidente de la Corte Suprema (STF), que prohibió a las entidades de control financiero entregar datos al Ministerio Público sin la demanda previa de un juez.

La cautelar fue emitida a pedido de la defensa del senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, sospechoso de integrar un sistema de desvío de salarios de funcionarios de su gabinete cuando era miembro de la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro. La medida paralizó unas 700 investigaciones.

El STF debe debatir el caso el próximo 20 de noviembre.

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